Leo Riquelme

Luego de meses de peticiones por parte de parlamentarios, y un día después que la encuesta CEP revelara un alto nivel de desaprobación y sensación de estancamiento económico del país, el Presidente Gabriel Boric anunció ayer un paquete de medidas financieras dirigidas a las familias para sortear la alta inflación y la contracción de la actividad.

El programa será parte de un proyecto de ley que el Ejecutivo enviará al Congreso y considera un bono de marzo que duplique el monto vigente, pasando de 60 mil a 120 mil pesos por carga, lo que beneficiará a 1,5 millones de hogares y a unas 3 millones de personas.

El ministerio de Hacienda dijo que este monto se pagaría en dos cuotas, la primera con el bono ya existente y el segundo una vez que el Congreso apruebe el proyecto.

Una segunda medida será el aumento en 20% del subsidio familiar y de la asignación familiar, a lo que el Presidente añadió que se trabajará en la automatización para la recepción del beneficio que tenía a más de 900 mil niños excluidos. Desde el ministerio de Desarrollo Social precisaron que la mayoría de estos marginados provienen de hogares "monomarentales". Añadieron que este beneficio sería permanente.

Una tercera iniciativa será la creación de un Bolsillo Familiar Electrónico, que consistirá en una transferencia estatal directa a la Cuenta RUT de 13.500 pesos por carga por ocho meses para quienes cuentan con el Aporte Canasta Básica de Alimentos, que rige hasta abril.

Según Hacienda, ello implicará un descuento de 20% en las compras que las familias hacen en alimentos en supermercados o comercios de barrio, y que equivale al alza en el costo que ha tenido dicha canasta en el último año.

Una cuarta medida será la ampliación de un convenio de rebaja de alimentos ya vigente. Éste pasará de 240 a 512 los locales y de 2.700 a 6.900 medicamentos, que en promedio tendrán una reducción de 32% en sus precios, el doble de lo actual. A ellos podrán acceder los 15 millones de usuarios adscritos a Fonasa, que estimó que el beneficio anual para los pacientes será 30 mil millones de pesos menos a pagar en remedios.

Además, el Gobierno comprometió la ampliación del programa de alimentación en los colegios para estudiantes, que considerará la universalidad en primera instancia para prekinder y kinder. Según Desarrollo Social, ello beneficiará a 50 mil pequeños en esta fase.

Asimismo, se incrementará en 5 mil pesos mensuales el monto a cargar en la tarjeta de alimentación que reciben los alumnos más vulnerables de la educación superior, favoreciendo a casi 700 mil estudiantes.

En sexto lugar, se decidió extender de marzo a junio el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral para la creación de empleos formales, con lo que Hacienda espera ayudar a 600 mil trabajadores a obtener una ocupación.

La última medida consiste en un programa de garantías especiales estatales de 50 mil millones para el sector de la construcción, uno de los más afectados por el alza de los precios de los materiales y que es clave para la mantención y creación de nuevos puestos de trabajo. Hacienda calcula que ello apalancará créditos por 300 millones de dólares.

"Estamos viviendo momentos difíciles, el primer semestre va a ser desafiante y el alza del costo de la vida es un desafío para todas las familias", dijo el Presidente Boric. "Como Gobierno tenemos que hacernos cargo de esto".

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, calculó el costo del paquete de medidas en 2 mil millones de dólares, que se financiarán en gran medida con dineros del presupuesto. A su juicio, ello implicará que los apoyos no tendrá impacto en la inflación y añadió que se aplicarán durante el segundo semestre porque es cuando esperan que la economía muestre mejores niveles de actividad y el IPC tenga alzas menores a los dos dígitos.

"Este conjunto de apoyos son para ayudar a más de 1,5 millones de hogares a que den vuelta la página de lo que ha sido esta crisis", dijo.

La mayoría de los parlamentarios que comentaron la propuesta expresaron su respaldo a la propuesta, aunque desde Chile Vamos criticaron su tardanza.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió el indulto del Presidente Gabriel Boric a Luis Castillo, condenado por saqueos y ataques al Registro Civil de Copiapó durante el estallido social, quien además tiene un amplio prontuario.

Un reportaje de Canal 13 reveló que Luis Castillo registra cinco condenas anteriores y 26 causas judiciales en su contra. Pese a ello y ante las críticas de la oposición, la secretaria de Estado expresó que en estos casos "siempre son personas que tienen un reproche de la Justicia y son personas que no por ser indultadas dejan de tener ese reproche".

"Los indultos no son políticas de seguridad ni reemplazan los procesos judiciales (...) Esas condenas siguen siendo válidas, los procesos no quedan en cuestión", agregó.

Boric, en Valdivia, evitó comentar el caso en particular.

En tanto, pese a la petición de diputados de Apruebo Dignidad de indultar a más condenados del estallido, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó la posibilidad.

Desde la oposición la diputada y subjefa de bancada de RN, Sofía Cid, representante del distrito 4 de donde es oriundo Castillo, dijo que el Presidente "debe modificar su decisión". Su par Diego Schalper aseguró que ejecutarán todas las acciones legales para impugnar los decretos.