Patricio Iglesias P.

C on mesura tomaron las autoridades, en especial parlamentarios y alcaldes, los anuncios realizados por el Gobierno para combatir el crimen organizado, con más de 39 mil millones de pesos.

En Tarapacá se establecieron ocho delitos asociados a bandas criminales que deben ser atacados (ver infografía) y en este contexto, es la infracción a la ley de armas, asociado a delitos violentos, los que consideran como clave para combatir la cantidad de homicidios que existen a nivel regional y que llegan a 47.

Así lo planteó el diputado comunista Matías Ramírez, quien aseveró que "se debe valorar la creación de un plan contra el crimen organizado, porque es primera vez que se da énfasis a la lucha contra el narcotráfico y que es una de las situaciones más graves en Tarapacá".

Ramírez argumentó que los recursos ya fueron aprobados por más de 30 mil millones de pesos y se mejorará infraestructura. "Del punto del vista administrativo hay que ver qué dará urgencia el Gobierno, pero hay temas que deben verse con rapidez, como es el narcotráfico, la ley de drogas, pero en especial la ley de control de armas, porque actualmente en nuestra región, los crímenes con armas de fuego han aumentado de manera considerable".

Mientras que el diputado UDI, Renzo Trisotti, comentó que las acciones expuestas en la Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO), "en su mayoría ya estaban incluidas en la estrategia del Gobierno anterior, que este retiró".

Trisotti cree que si bien son medidas que van en la línea correcta, "espero que de una vez por todas exista decisión y celeridad del Gobierno para que lo tramite con urgencia en el Congreso. De lo contrario será un nuevo volador de luces en esta crisis que estamos padeciendo. Y por mientras en Tarapacá seguimos esperando medidas de corto plazo y una estrategia más efectiva".

Por su parte, la diputada PS Danisa Astudillo, aseveró que "la articulación de una Política Nacional Contra el Crimen Organizado tiene a lo menos un gran valor: reconoce que este problema existe y que está en el centro de la crisis de seguridad pública que hoy sufre el Norte de Chile". Sin embargo, acotó que tiene una gran omisión que es " la urgente necesidad de aumentar los contingentes policiales en el país. Hoy sufrimos una disputa de los territorios por parte del narco, en abierto desafío al Estado y la ley".

Mientras que el alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, cuya comuna es en la que predominan los delitos y homicidios de mayor connotación y asociados a bandas con armas de fuego, considera que las medidas son una buena noticia, "sin embargo, extraño la aplicación de medidas concretas e inmediatas para afrontar esta crisis. Nuestros vecinos no pueden esperar si las iniciativas funcionarán a mediano o largo plazo, se debe actuar ahora".

El jefe comunal planteó que se necesita más presencia de la ley en el territorio, más policías y carabineros patrullando las calles "y si no hay contingente, necesitamos el apoyo de nuestros militares. Como reconoce la propia política del Gobierno, aquí somos víctimas de grupos armados y organizados, dedicados al asesinato, tráfico, extorsión y trata de personas, entre otros crímenes, y aún no hay una reacción sobre el terreno".

Ferreira cree que si no hay acciones concretas, contundentes e inmediatas, "me obligan a insistir en la declaratoria de un Estado de Excepción en la región".

Mientras que el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, manifestó que las medidas eran algo que se esperaba. No obstante, cree que todo deberá centrarse en cuánto demoran en tramitarse.

"Los anuncios son tendientes a poner en discusión el tema de leyes, que se dará en el Congreso, y obviamente es necesario enfrentar con nuevas herramientas el tema del crimen organizado", argumentó. Agregó que espera que no haya dilaciones y las iniciativas se apliquen pronto.

Mientras que el delegado presidencial, Daniel Quinteros, indicó que el documento recoge los planteamientos de las distintas instituciones del Estado y que en el caso de Tarapacá, el pasado 5 de diciembre, se plantearon 71 medidas y nueve delitos priorizados según el análisis del Consejo Regional contra el Crimen Organizado.

"Es la primera vez en Chile que se desarrolla una Política Nacional contra el Crimen Organizado, la cual contempla las singularidades de cada región y hace frente a las problemáticas particulares de cada territorio (...) de los delitos más graves que contempla el crimen organizado como el tráfico de armas, narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos asociados a la extorsión", indicó la autoridad.