Caso cajas: ex intendente Quezada quedó con arresto domiciliario nocturno
La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo, el Tribunal no la decretó.
En una maratónica audiencia que partió cerca de las 9 horas de ayer, la Fiscalía formalizó por el delito de fraude al fisco el ex intendente regional de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, a otros dos ex funcionarios públicos y a cinco privados. Lo anterior en el marco de la investigación por las irregularidades detectadas en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19 del año 2020. Quezada, tras la formalización, quedó con arresto domiciliario nocturno.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción de la Fiscalía de Iquique, Juan Zepeda, explicó en la formalización que el ex intendente Miguel Ángel Quezada, su jefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo, y el ex jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia Regional, Johnny Muñoz Cancino, coordinados con los imputados privados L.B.R., J.C.A.B., X.C.V., J.V.L., D.D.N. y R.P.B., infringieron el deber de "resguardar del patrimonio fiscal al adjudicar la adquisición y distribución de cajas de alimentos por tratos directos o por transferencia de fondos a empresas que no se dedicaban al rubro respectivo o no cumplían con los requisitos para contratar con el Estado, pagando sin justificación alguna un precio mayor al promedio nacional, a pesar de haber existido mejores ofertas en el mercado regional".
El persecutor detalló que por medio de las indagaciones hechas a través de la Policía de Investigaciones (PDI), se determinó que por las más de 45 mil cajas de alimentos que se adquirieron, tanto en el trato directo como en los convenios de transferencia de recursos con la Asociación Cristiana de Jóvenes Iquique y la Asociación de Municipalidades Rurales de Tarapacá y Arica y Parinacota, se pagó aproximadamente un sobreprecio de 10 mil pesos por cada caja, generando un perjuicio fiscal total de a lo menos $468 millones.
Zepeda solicitó la prisión preventiva respecto de los sindicados, con excepción del imputado Muñoz Cancino, para el cual pidió únicamente el arraigo nacional fundado en que declaró por el caso y colaboró con antecedentes.
A su turno, el abogado querellante, Enzo Morales, pidió la prisión preventiva de todos los imputados considerando lo grave del delito formalizado. En tanto, el Consejo de Defensa del Estado se sumó a la petición del Ministerio Público.
Defensa de Quezada
El defensor penal público, Marcelo Lara, quien representa al ex intendente Quezada, señaló que trató de buscar todos los bemoles del caso y aseguró que hasta hoy no los encuentra. "Creo que no hay problema, porque para mí no hay delito", afirmó.
El letrado señaló que Quezada únicamente se cumplió con un rol mandatado por el Gobierno en el contexto de la urgencia de la pandemia. "Acá no hubo nada oculto, discrepo con el estándar del persecutor y los querellantes", asentó Lara.
Según el defensor, se buscó la fórmula más rápida para la entrega de las cajas de alimentos y, para ello, se hicieron entre los funcionarios reuniones legales para la búsqueda de los oferentes, sin ninguna intención de fraude, como tampoco sobreprecio.
El defensor alegó que el trato directo, así como los recursos devenidos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr), están dentro del marco de la ley dada la emergencia sanitaria. "Necesidad de cautela no existe", insistió Lara en eco con lo expuesto por el resto de los defensores.
Finalmente, el juez Frederick Roco, en su resolución, dijo que "existen indicios que permiten entender que hay delitos" y valoró lo expuesto por la Fiscalía a través de los informes de Contraloría y la PDI. De los seis imputados que no son funcionarios públicos, el magistrado les atribuyó la calidad de cómplices al delito, sin embargo, por su irreprochable conducta anterior no valoró la prisión preventiva.
Respecto del exintendente Miguel Ángel Quezada, su jefa de Gabinete, Lilian Plaza y jefe de Finanzas, Johnny Cancino, señaló que "la prisión preventiva no parece necesaria", y dado todo lo anterior, el magistrado fijó arraigo nacional para los tres imputados y arresto domiciliario nocturno.
"Acá no hubo nada oculto, discrepo con el estándar del persecutor"
Marcelo Lara, defensor
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