Sobrepoblación penal: señales pésimas
En su reciente visita a Tarapacá, la ministra de Justicia, Marcela Ríos y el subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, plantearon que la solución para disminuir la cantidad de condenados en las cárceles y enfrentar el tema migratorio en el norte, era liberar a los extranjeros que fueron condenados por tráfico de drogas de forma anticipada, conmutando sus condenas de 5 años para que solo estén 2, y que luego el Estado pague sus pasajes de vuelta a su país.
Esta propuesta es no entender lo que sucede en el norte. Los datos entregados por Gendarmería muestran que más del 10% de la población en la cárcel es extranjera, y mientras las actuales autoridades y asesores de gobierno se dedicaban a presentar recursos de amparo para evitar expulsiones y aseguraban que no era aceptable criticar los ingresos clandestinos o los delitos ya que la sociedad obligaba a las personas a cometerlos, ahora plantean una solución que no resulta efectiva. Esto, porque no hay un control fronterizo con Bolivia en Colchane y se niegan a reconducir a quien ingresa clandestinamente, a través de una resolución que firmó en abril el mismo Ministerio del Interior.
Es decir, con la actual propuesta un traficante de drogas, en el peor escenario, al traficar toneladas de sustancias ilícitas, estaría 2 años en una cárcel chilena, volvería a su país de origen pagado con impuestos de los chilenos y podría preparar su próximo golpe, siendo lo más probable que en 10 o 20 días esté de vuelta en Chile, en nuestra región, pero ya no en la cárcel sino en la calle cometiendo nuevos delitos. Además, un punto importante a considerar es que, de los 31 mil ingresos clandestinos durante el primer semestre de este año, la actual administración ha expulsado solo a 4. Parece entonces que ni el Ministerio del Interior ni el Ministerio de Justicia buscan realmente colaborar con el control migratorio o el tráfico de drogas y crimen organizado.
Para solucionar el problema de la sobrepoblación penal, lo efectivo es lograr convenios con los países de origen, y que cumplan los 5 años de cárcel por traficar drogas en esos países desde el día 1, en vez de dejarlos libres a los 2 años. Para controlar los ingresos clandestinos, en vez de ocupar modificaciones legales como excusa, podrían partir por retomar los vuelos de expulsiones, eliminar la resolución que impide reconducir, y devolver a quienes ingresen clandestinamente por Bolivia cumpliendo con las obligaciones que hoy le entrega al Ejecutivo la nueva ley migratoria. Sin embargo, claramente la ideología parece que es más importante que la tranquilidad de los chilenos para este gobierno.
"Un traficante de drogas, en el peor escenario, al traficar toneladas de sustancias ilícitas, estaría 2 años en una cárcel chilena".
Luz Ebensperger Orrego,, senadora