Uno de los aspectos más controversiales del proyecto constitucional acerca del que la ciudadanía deberá muy pronto pronunciarse, es el que consagra el artículo 191. En él se establece que se requiere el consentimiento de los pueblos originarios para los asuntos que afecten sus derechos.

Si la regla se interpreta ampliamente, pareciera que se está concediendo a esos pueblos un derecho a veto, una suerte de voluntad final para cualquier iniciativa que altere el estatuto que el proyecto constitucional les concede o reconoce. Si se requiere el consentimiento en los relativo a sus derechos, que es lo que la regla establece, pareciera que, en efecto, cualquier cambio en sus derechos colectivos requerirá su previo consentimiento.

¿Será así?

Para saberlo es necesario efectuar un par de consideraciones previas a cuya luz la regla debiera interpretarse.

Desde luego, Chile es un estado democrático que se gobierna por la voluntad de los ciudadanos. Es la voluntad del conjunto de los ciudadanos la que configura lo que pudiera llamarse el autogobierno colectivo que es propio de la democracia. A la luz de este principio parece evidente que no debe haber ningún aspecto de la vida colectiva que escape a la voluntad democrática, incluido el estatuto de los pueblos indígenas. Si se pretendiera que el estatuto de los pueblos indígenas escapa a esa voluntad, entonces se estaría lesionando el principio democrático que es propio de un Estado unitario que es como, el proyecto, califica al Estado de Chile.

Basta esa constatación para concluir que una interpretación amplia de la regla no es razonable.

Pero es el propio texto del artículo 191 el que entrega una pista para resolver el problema y alcanzar una interpretación correcta. Porque ocurre que el texto se inicia con un enunciado que ilumina el sentido del texto que sigue:

Participación en las entidades territoriales en el estado regional.

Parece obvio que lo que sigue en el artículo, debe entenderse a la luz de ese enunciado y, en consecuencia, el sentido que se asigne a los preceptos que siguen debe referirse a la participación en las entidades territoriales. Así las cosas, hay dos significados posibles del texto. En conformidad a uno de ellos, no sería posible alterar las reglas de participación en las entidades territoriales sin el consentimiento de los pueblos involucrados. El otro, más restringido señalaría que a la hora de ejercer sus derechos colectivos y en todo lo que los afecte, los pueblos deberán asegurar que exista un consentimiento libre e informado de quienes los integran, es decir, que la voluntad de esos pueblos se forme siempre democráticamente.

Ninguna de estas dos últimas interpretaciones -que son, atendido el texto, las únicas admisibles desde el punto de vista jurídico- resulta amenazante para la democracia o estatuye derechos inadmisibles para un sector de la ciudadanía. Ello solo ocurriría si la regla tuviera el primer sentido que más arriba se examinó; pero un sentido tan amplio debe descartarse atendido el enunciado del artículo que restringe su alcance a la participación (se trata, habría que agregar, del único artículo que tiene un enunciado de esa índole, uno que establece su ámbito de aplicación, algo que inexplicablemente no se ha subrayado).

Se ha hablado mucho estos días de fake news en el debate constitucional. Una interpretación amplia del artículo 191 como la que aquí se ha descartado no es una fake news; pero es una interpretación demasiado literal, casi tendenciosa, que es el deber de los ciudadanos y de quienes participan del debate evitar. El deber de todos es, en cambio, hacer una lectura equilibrada del texto que contribuya a que quienes lo rechazan lo hagan por buenas razones y que quienes lo aprueban lo hagan a la luz de una lectura razonable y no extrema de sus reglas.

Hace unas semanas, el Congreso aprobó adecuar los plazos finales de la Ley de Transformación Digital del Estado para permitir una mayor gradualidad en su aplicación. Gracias a esta norma, las instituciones estatales podrán realizar este cambio de forma más estructurada y ordenada, complementando el trabajo con capacitaciones especiales para quienes se resisten al cambio.

En los últimos dos años hubo un gran avance al respecto debido a las necesidades que surgieron con la pandemia, sobre todo con la Clave Única, que llegó como una herramienta para terminar con las filas, reducir los tiempos de espera y el uso de papel, al facilitar el acceso a los trámites en línea de forma segura, pero rápidamente se transformó en una de las pocas opciones para acceder a papeles legales. De acuerdo a las cifras entregadas por el Gobierno Digital, en la actualidad existen 615 instituciones que tienen integrada la Clave Única, con 1.598 procesos disponibles para los más de 13,9 millones de ciudadanos con esta combinación secreta activada.

Uno de los principales desafíos que aún están pendientes es lograr que todos estemos alineados y tengamos el mismo piso de conocimiento digital, desde los adolescentes hasta los más adultos, para que de esta forma el proceso de transformación siga avanzando.

Según el índice de Desarrollo Digital Gubernamental de la ONU del 2020, Chile está en tercer lugar por debajo de Uruguay y Argentina en términos de Transformación Digital del Estado y es el número 34 de 193 países evaluados a nivel mundial. Es cierto, nos queda mucho por avanzar, pero estos resultados pre pandemia nos señalan que nuestro país ya está bastante avanzado y con la gradualidad de la aplicación de la Ley de Transformación Digital del Estado, al 2027 ya podremos realizar todos los trámites legales del Estado en línea.

Michelle Suegart,

Public Sector Business Developer en Apiux Tecnología

La Falacia del Concorde se define como la tendencia a seguir un curso de acción por el mero hecho de existir previamente una inversión de tiempo, dinero o esfuerzo y debe su nombre a la insistencia de la British Aircraft Corporation, Aéropastiale, y sus respectivos gobiernos (Gran Bretaña y Francia) con perseverar en la fabricación del avión supersónico homónimo que, bajo todos los análisis, era un negocio destinado a fallar, sin embargo, continuaron con el proyecto exclusivamente por el avance ya alcanzado. El avión fue finalmente sacado de circulación debido a su baja rentabilidad, pues su manufactura terminó siendo tres veces más cara que lo presupuestado y, además, porque los pasajeros de las aerolíneas evitaban volar en este modelo luego de un fatal accidente el 2000.

El proceso constituyente fue, sin lugar a duda, un proceso histórico y de nobleza democrática. Así, movilizó a gran parte de la ciudadanía, cuestión que requirió de la coordinación de múltiples fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil, no obstante, invito a cuestionarse si el aprobar este borrador constitucional bajo el argumento nostálgico de "todo por lo que se tuvo que pasar para llegar hasta acá" es apropiado y no un caso análogo al de la colaboración anglo-francesa.

Martín Altamirano N.

Fundación Para el Progreso