La redacción de la nueva Constitución ofrece la oportunidad de incorporar entre sus disposiciones los derechos de los niños, una de las iniciativas populares de norma constitucional que ha tenido más adhesiones por parte de la ciudadanía, con casi 19 mil firmas.

Recientemente, el borrador de la Nueva Constitución propone ocho normas que refieren a niños, en distintos ámbitos de su vida, consagrando derechos de participación, derecho al cuidado, derecho al deporte, derecho de los niños al resguardo de su identidad, el deber del Estado de otorgar asistencia jurídica especializada a niños, niñas y adolescentes y a participar en entornos digitales libres de violencia.

Sin embargo, el gran avance en esta materia lo constituye el artículo 11, que reconoce al niño como titular de derechos, consagrando los principios guía de la Convención sobre derechos del niño, esto es, derecho a la igualdad y no discriminación, el principio del interés superior del niño, el derecho del niño a ser oído en asuntos de su interés, a su autonomía progresiva y el derecho a su desarrollo integral. Se establece el derecho de los niños a ser protegidos contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia e impone la obligación de contar con un sistema de protección integral de garantías de la niñez, como asimismo la existencia de mecanismos para su restitución, sanción y reparación.

Estas normas recogen el anhelo de la población respecto de este grupo, que es uno de los más vulnerables y, de aprobarse, por primera vez en la historia de Chile una Constitución reconocería los derechos de nuestros niños y establecería garantías específicas para asegurar su cumplimiento.

María Lorena Rossel

Académica investigadora de la Carrera de Derecho de UDLA Sede Viña del Mar

En estos últimos años hemos estado inmersos en una pandemia que nos ha obligado a actuar en lo inmediato en cuanto a salud y temas sociales, obteniendo logros importantes, por ejemplo, en la cobertura de la vacuna. Sin embargo, no podemos desconocer que tenemos innumerables temas pendientes, como el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles (ENT).

Las ENT son enfermedades de larga duración que están determinadas por factores sociales, genéticos, fisiológicos y conductuales, contando entre ellas enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, de salud mental y Diabetes Mellitus. La pandemia ha provocado que muchas personas que tienen estos u otros diagnósticos no asistan a sus controles, ya sea por temor o por suspensión desde los centros, a lo que se suma una menor búsqueda activa de estas patologías, con los que se disminuye el ingreso a los programas de salud que son los que realizan el seguimiento de estos pacientes crónicos.

Para revisar un ejemplo, el Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) es el encargado de controlar a personas con Hipertensión Arterial (HTA), Diabetes Mellitus (DM), Dislipidemias, tabaquismo y con antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Según datos entregados por el MINSAL en febrero, en su Informe Impacto de la pandemia COVID-19 referente a las enfermedades no transmisibles en Chile, durante el año 2020 los ingresos al programa fueron un 47% menores comparado con el promedio de los años anteriores. Por otra parte, los controles de los pacientes ya diagnosticados disminuyeron un 60% en comparación al promedio anual anterior.

El que las personas con estas enfermedades no hayan sido controladas ha hecho que, por ejemplo, la tasa de las personas que tienen su patología de Hipertensión Arterial bajo control haya disminuido un 14% y de Diabetes Mellitus un 11%.

¿Qué significa esto a futuro? En resumen, podríamos tener más personas con infartos al corazón, accidentes cerebro vasculares, amputaciones de extremidades, pérdida de visión prematura, problemas renales, mayores hospitalizaciones y muertes prematuras. Esto generará un impacto en la calidad de vida de las personas, sus familias y la comunidad, además del aumento de los costos económicos personales y sociales.

Por todo lo anterior, es necesario salir en la búsqueda de las personas que han quedado sin atención y realizar una fuerte labor de pesquisa. Es fundamental fortalecer la atención primaria, ya que es la mejor herramienta para la prevención de enfermedades y promoción de la salud que podemos tener. Es nuestra primera línea de acción para crisis como para atenciones crónicas y la mejor aliada para enfrentar estos nuevos desafíos para mejorar el futuro de la salud de la población.

"Es fundamental fortalecer la atención primaria, ya que es la mejor herramienta para la prevención".

Natalia Castillo Académica Escuela de Técnico de Nivel Superior en Enfermería Universidad de Las Américas

La crisis pandémica y la guerra entre Rusia y Ucrania han desatado sucesivos tsunamis de eventos disruptivos con repercusiones en la competitividad de las cadenas de suministro y la eficiencia operativa de las cadenas de transporte, muy sensibles a las interferencias no programadas.

La restricción generalizada de la oferta del transporte marítimo en 2020, como consecuencia del cierre de ciudades y centros productivos, afectó fuertemente el tráfico de contenedores que explica el 20% del comercio marítimo. Esto impactó la confiabilidad de los itinerarios de los servicios Liner, que se desplomó a mínimos históricos, alterando inevitablemente la productividad de todos los eslabones de la cadena de servicios portuarios y logísticos.

La congestión portuaria está presente hoy en todo el mundo, registrándose naves a la gira que superan los 10 días. La sumatoria de tiempos muertos de los barcos de transporte y los problemas para reposicionar contenedores han impulsado a las navieras a compensar estas disrupciones con alzas de hasta un 600% en sus tarifas de transporte, situación que las ubica en el ojo del huracán inflacionario global.

El comercio exterior y la logística nacional no han estado ajenas a esta realidad. En la medida en que los puertos y sus colaboradores actúen como eslabones integrados cliente-proveedor, podrán minimizar las externalidades negativas, siendo resilientes para navegar de manera más segura en este mar de eventos disruptivos, que se prevé estará vigente hasta mediados del 2023.

Rosa González

Académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Universidad de los Andes