Diego Gotelli C.

Momentos de terror vivieron las familias que habitan cerca del retén de Carabineros de Tirúa, recinto policial del Biobío que la noche del jueves fue atacada con ráfagas de disparos que se extendieron por cerca de 10 minutos.

El tiroteo perpetrado por desconocidos dejó a dos mujeres heridas, una madre de 37 años y su hija de 15, quienes se encontraban en su hogar, ubicado a unos 25 metros de distancia de la unidad policial, según consignó radio Bío-Bío.

Ambas fueron alcanzadas por perdigones y fueron trasladadas a un recinto asistencial, donde se mantenían ayer fuera de riesgo vital.

El ataque fue el segundo que afectó al retén en menos de 24 horas. La noche anterior, una turba con cerca de 50 personas baleó la unidad, en un presunto intento por "rescatar" a dos detenidos que horas antes fueron arrestados por porte de armas.

Los hechos de violencia anoche se repitieron en el sector norte de la comuna, en la localidad de Quidico, donde fue incendiado el hotel Küref, propiedad de Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en la Macrozona Sur.

El recinto llevaba dos años cerrado por ataques en la zona y su puesta en venta se había difundido en medios de comunicación.

"Exigimos la reposición del Estado de Derecho en la provincia de Arauco", manifestaron desde la Gobernación del Biobío tras los nuevos hechos de violencia.

El gobernador Rodrigo Díaz dijo en T13 Radio que espera que estos atentados generen una "reacción similar" a la "indignación" que hubo por la balacera en el Barrio Meiggs, aludiendo al baleo en Santiago de ambulantes contra vándalos que dejó a una reportera muerta por un tiro en la cabeza y cuyos presuntos autores ya están en prisión tras el repudio de toda la clase política.

"Necesitamos seguridad", demandó la autoridad regional, enfatizando que no basta sólo con la vía del diálogo. Afirmó además que la coalición oficialista "no logra entender lo que está pasando" en la zona.

Ayer temprano el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, arribó a la Macrozona Sur a una reunión con fiscales locales.

El encuentro se dio en medio del debate en el Congreso impulsado por el Ejecutivo para crear un "estado intermedio" que, entre otras cosas, permita a las Fuerzas Armadas apoyar en el resguardo en la zona, pues, según señaló ayer Monsalve, para el problema actual se requieren vehículos blindados militares.

Tras la reunión de coordinación de medidas, el subsecretario se refirió a un llamado de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) a "organizar la resistencia armada" ante el despliegue militar en un estado intermedio, un pronunciamiento que fue repudiado por Monsalve, quien dijo que solo dialogarán con quienes busquen la paz en la zona.

"Cualquier organización que llama al levantamiento armado es claro y evidente que no quiere alcanzar la paz", enfatizó.

En tanto, desde la Multigremial Nacional llamaron al Gobierno a decretar un estado de excepción tal como se conoce actualmente, "y dejar de inventar parches intermedios que no solucionan el real problema".

Consultado sobre la propuesta del Gobierno, el fiscal nacional Jorge Abott señaló ayer que según los datos del Ministerio Público "no existe una variación sustancial" en la comisión de delitos durante el estado de excepción. "Más aún, en algunos casos han aumentado los mismos", dijo.

Cristian Paredes, director de la unidad de delitos violentos de la Fiscalía, dio cuenta de un informe que detalla que durante la instalación del estado de excepción hubo un aumento de un 19% en los incendios, mientras que los delitos de robo, hurto y receptación subieron un 33%.

Por contraparte, durante la vigencia de la medida bajaron en un 26% los delitos de usurpación, y en un 16% los relacionados a la ley de control de armas.

"Cada vez que se instala o se prorroga un estado de excepción, uno advierte por algunos días una tendencia a la baja y un desplazamiento de los ilícitos, pero luego a corto andar esos ilícitos vuelven a aumentar en su número y en su gravedad", dijo el persecutor, quien entregó los antecedentes a Interior.

El catastro detalla además que los episodios de violencia en la Macrozona Sur se han ido agravando, concentrándose la mayoría (80%) en la Región de La Araucanía, y constatando un uso cada vez más recurrente de armas de fuego.

"Estamos frente a un fenómeno crónico", enfatizó el fiscal, quien recalcó que requieren una "legislación moderna" que les permita afrontar estos delitos.

"En democracia no se puede llamar a usar armas para resolver problemas políticos, por muy justas que sean las demandas".

Subsecretario Manuel Monsalve por llamado de la CAM