Por Mauricio Ávila C.

Todas las encuestas reveladas durante la última semana han proyectado un resultado estrecho entre el apruebo y el rechazo, con un alto crecimiento en esta última opción, para el plebiscito que definirá el futuro de la nueva Constitución. Aunque el proyecto de Carta Magna ni siquiera tiene un capítulo terminado, su discusión ha generado suspicacias en la ciudadanía.

La decana de la facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Isabel Anitat, comenta que esta "fotografía de la realidad", que son los sondeos de opinión, es un llamado de atención a la Convención Constitucional para que aproveche mejor el poco tiempo que le queda hasta el 5 de julio para focalizarse en las cosas centrales del texto, claramente identificadas durante el estallido social de octubre de 2019, indica.

-¿Cómo evalúa el trabajo de la Convención Constitucional hasta ahora?

-Luego del tiempo dedicado a los reglamentos, hubo un período, que fue entre octubre y enero, en que se dedicaron mucho a las salidas territoriales, a las audiencias ciudadanas, a la presentación de iniciativas populares, pero se pospuso la discusión propiamente en las comisiones y el pleno. Eso ha generado que ahora veamos mucha agilidad en el debate, en las propias comisiones y esta es una sensación de urgencia que no estuvo tan presente antes. Entonces, ahora vemos un frenesí de votaciones y con pocos meses por delante.

-Hay dos cosas que están presionando ahora a la Convención: por un lado, el tiempo que se acorta y, por otro, la gran cantidad de temas por discutir.

-Es el costo de la fragmentación, en el sentido de que la Convención tiene una composición muy fragmentada, no sólo por la cantidad de colectivos, sino que también porque al interior de esos mismos muchas veces no hay acuerdos o decisiones uniformes y vemos colectivos que se tienden a disgregar y que incluso votan diferente ante una norma específica. Eso hace que muchas veces la discusión que se está dando en una Comisión se replique en otras con miradas específicas y que no exista un acuerdo de decir que es un tema que merece una mirada sistémica. Se está viendo que se están tratando temas desde las distintas ópticas de cada Comisión sin esa mirada transversal. Estamos viendo además que muchos convencionales vienen de ciertas causas e hicieron campaña en base a esas causas y buscan representarlas en la Constitución, pero llegan al pleno y sus informes tienen altos niveles de rechazo. Hay, además, poca confianza en que la ley o el propio proceso político democrático posterior puedan dejar esas normas adentro y eso lo estamos viendo en todas las áreas. Probablemente vamos a ver mucho esa discusión en las próximas semanas, donde vamos a tener muchos plenos, porque la técnica de diferir cosas al final del debate democrático es una manera de llegar a acuerdos en cuestiones más generales y dejarles los detalles de las cuestiones complejas, que hay muchas, a la ley.

-Puede haber un afán de no dejarle esa al legislador, para que no la modifique o cambie su espíritu.

-El problema es que muchas de esas cosas son cuestiones complejas que requieren detalles y requieren regulación posterior y ponerse de acuerdo en los límites o extensión o los requisitos… pensar que porque se pone en la Constitución significa que se consiguió, es un error. No porque no se haya conseguido, sino que porque de todas maneras cualquier cambio constitucional requiere de mucha dictación de legislación complementaria. Esa disyuntiva es la que estamos viendo, qué le corresponde a la Constitución y qué queremos dejarle a la ley. Yo creo que debiéramos tener una mayor valoración de la ley y del proceso democrático que tiene que venir después.

-¿Qué opina de las normas que ya están aprobadas?

-Es difícil evaluar las normas, porque es una colección en que muchas no convergen entre sí. Pero creo que uno de los cambios que vamos a ver con mayor intensidad y que no hemos experimentado con ella es el cambio en el tipo de Estado a uno regional. Yo pensaba que el gran cambio iba a venir en el sistema político y que íbamos a ver ahí una transformación institucional muy relevante, pero todo parece indicar que no va a ser tan extensiva como se había puesto en la mesa en un momento. Vamos a seguir teniendo un régimen presidencialista, con un Congreso más o menos bicameral, eso está por verse, pero es una estructura no totalmente distinta. Me parece que lo que se ha aprobado de estructura del Estado sí es una reforma sustantiva como no hemos tenido antes, desde la Constitución de 1828, y que va a requerir, si el proceso se aprueba, una transformación institucional de las más grandes que vamos a experimentar en nuestra historia. Nosotros veníamos en un proceso de descentralización en Chile, hicimos una reforma bien relevante en la elección directa de los gobernadores regionales y esa fue una reforma que no habíamos tenido con la figura del intendente desde la Constitución del 33, con un proceso de transferencia de competencias muy complejo. Pero ahora la propuesta que en el fondo ya ha sido en parte ratificada por el pleno, es una reforma sustantiva mayor. Ahí hay un eje súper interesante para el futuro.

-Otra propuesta transformadora es la del sistema judicial. ¿Qué le parece?

-Hay muchos países que tienen pluralismo jurídico, pero quizás la pregunta que me queda es cuáles son los límites y la extensión de ese pluralismo jurídico. Me parece que las disposiciones que están aprobadas son muy genéricas para cuestiones como qué sucede si hay personas de dos pueblos originarios distintos, o un conflicto judicial entre una persona indígena con una que no lo es. Además, no sabemos si se va a extender a todos los tipos de justicia, como la civil, la penal, el derecho de familia, el laboral o si se quiere acotar. Esas definiciones son cruciales. Hay muchas dimensiones que están afectadas por las maneras de acceder a la justicia y es muy importante que exista la certeza de qué es lo que se quiere y por qué, de manera que las leyes complementarias puedan ser guiadas bajo ello. Y, por supuesto, en este caso, como en otros países, el pluralismo jurídico tiene que estar bajo la estructura nacional de una Corte Suprema, porque de otra manera son dos sistemas paralelos y eso abre otro tipo de problemas.

-Varios expertos han dicho que echan de menos los derechos sociales. ¿Usted qué opina?

-Yo creo que la comisión de Derechos Fundamentales partió por los derechos civiles y políticos seguramente para luego llegar a los sociales. Ahí va a conectar o volver a conectar con muchas de las cosas que aparecieron en el estallido social, de donde emanó el acuerdo social que dio inicio al proceso constituyente. Porque si tuvo un hilo conductor fue justamente por los derechos sociales, cuando se hablaba de