Chile regresa a la Corte Internacional de Justicia en virtud de la decisión adoptada el 2016, y por la cual -el gobierno de Bachelet- se adelantó a la amenaza boliviana de demandar a nuestro país por el asunto del río Silala. La demanda nacional evidenció, en un primer momento, la existencia de una diferencia relativa al estatus jurídico que Chile y Bolivia reconocen a las aguas de este río.

Mientras Chile señalaba que éstas son parte de un sistema fluvial que nace en Bolivia y que genera un curso de agua que llega a nuestro país en función de la gravedad, Bolivia aducía que el agua que llega a Chile es producto de una canalización artificial, por lo que nuestro país no tendría ningún derecho respecto al aprovechamiento de estas aguas. Sin embargo, esto cambió el 2018, en función de la respuesta altiplánica a la memoria presentada por Chile.

Esto es así, ya que Bolivia modificó no sólo el tenor de su discurso, sino también su estrategia jurídica. Ahora, Bolivia sí reconoce que estas aguas traspasan naturalmente la frontera que divide a ambos países, por lo que -en esencia- le da la razón a la postura original de Chile, lo que implica que La Corte debiera establecer que el Silala es un cauce de aguas internacionales, reconociéndose -en consecuencia- una serie de obligaciones internacionales que deben ser cumplidas por los Estados ribereños en el marco del derecho internacional consuetudinario, como por ejemplo, el derecho al uso equitativo y razonable de las aguas, así como la obligación de adoptar todas las medidas necesarias que prevengan cualquier tipo de daño que pudiera afectar a las aguas que llegan a los países ribereños, entre otras. No obstante, la nueva posición boliviana aduce que, a partir de la existencia de canalizaciones artificiales, el caudal que llega a Chile es mayor que el que debiera llegar por gravedad, lo que evidenciaría no sólo un aprovechamiento ilícito de estas aguas, sino también la existencia de un flujo artificial, lo que ameritaría no sólo ser corregido, sino también reparado.

"Chile señalaba que éstas son parte de un sistema fluvial que nace en Bolivia y que genera un curso de agua que llega a nuestro país".

Pedro Díaz Polanco, Director de la Escuela de Administración Pública, Universidad Austral de Chile

Estadísticas de la OMS indican que 1 de cada 160 niños en el mundo tiene un Trastorno del Espectro Autista (TEA), sin embargo, en nuestro país su prevalencia es desconocida y solo existen estimaciones.

Las dificultades de participación en ámbitos sociales, educativos y laborales afectan la construcción de un ser humano sujeto de derechos, con capacidad jurídica y desarrollo de una vida autónoma, por lo que los desafíos son enormes. Es responsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto generar las políticas, apoyos y ajustes necesarios que eliminen barreras que restringen la participación y limitan el desarrollo de actividades.

Debido a esto, toma relevancia lo ocurrido en la Convención Constitucional, donde se aprobó la incorporación de la neurodiversidad en el borrador de la nueva constitución, la cual señala que "el Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos, individuales y colectivos, reconocidos en esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".

Todos quienes se ven involucrados en los desafíos de la inclusión social saben que este proceso es durante toda la vida, que involucra factores personales, familiares y contextuales. Por lo tanto, que la futura carta magna considere la neurodiversidad es un paso importante en la generación de nuevos pactos políticos y sociales en materia de inclusión.

Gerardo Hume Calderón

Académico de Vinculación con el Medio, Facultad de Ciencias para la Salud

Universidad San Sebastian

La capital tarapaqueña en determinadas horas presenta un panorama abrumador por la congestión vehicular en constante crecimiento, situación , que se ha convertido en una verdadera pesadilla. Hasta el momento no se observa ninguna medida decisiva de las autoridades sectoriales locales al respecto. Varias ciudades del país precisan la restricción vehicular, entre ellas Iquique. Si la ley no lo permite, entonces que esta sea modificada para su aplicación. Iquique marcha a convertirse en una ciudad motorizada fundamentalmente en perjuicio de los peatones.

Existe un desorden en la parte central en especial, donde las vías soportan los densos flujos de toda clase móviles, los automóviles se estacionan en lar filas; sin haber calles exclusivas.

Avanzamos hacia la culminación del problema del atochamiento vehicular, producto de la incapacidad de las autoridades correspondientes para resolverlo progresivamente. Se observa una ciudad hegemónicamente motorizada, los peatones ven reducido su movilidad y seguridad ante la falta de más semáforos ; pasos peatonales visibles y duraderos. Hay que agregar la existencia de vehículos mal estacionados en las esquinas y sobre las veredas. La ciudad aparece poco amigable y agresiva por culpa de muchos conductores.

Mario Zolezzi Velasquez