Davied Jaime Godoy

Para el 2 de mayo, a las 11.00 horas, está fijada la audiencia de juicio abreviado contra los tres militares bolivianos que ingresaron a territorio nacional en el sector de Colchane en septiembre del año pasado, específicamente en el sector de Panavinto.

"Lo importante es que ya hay una prognosis de pena, que es diametralmente disímil a los antecedentes de la formalización. No obstante, aunque no tenemos una comunicación formal con el Ministerio Público, ya hay antecedentes luego que las medidas cautelares fueran sustituidas", aseguró Maximiliano Mendoza, abogado defensor de los militares: el teniente Jaime Hervas, subteniente Níger Ponce y del sargento segundo José Bautista Carvajal, de la dotación del batallón CEO La Paz Lucha Contra el Contrabando.

Tras los hechos ocurridos el 7 de septiembre del año pasado, cuando habitantes del sector de Panavinto denunciaron el ingreso de patrullas de soldados bolivianos al territorio chileno, quienes ingresaban por las proximidades del salar de Coipasa en dirección al pueblo. Tras acudir Carabineros se encontró con personas que denunciaron el robo de sus mercaderías y el ataque de patrullas bolivianas.

Tras estos hechos, y según lo dado a conocer en la audiencia de formalización, Carabineros se encontró con la patrulla a un kilómetro de la frontera entre ambos países, cuando al detenerlos se provocó un enfrentamiento, que terminó con tres detenidos, quienes fueron formalizados por robo con intimidación y porte ilegal de armas y municiones, luego que se les incautaran dos fusiles Fal, calibre 7.65 mm y dos pistolas (una CZ y una Marca Norinco), ambas calibre 9 milímetros.

Pese a los cargos, el defensor está optimista respecto al juicio, pues "creemos que el primer delito que se les imputa (robo con violencia) ya se está desvirtuando, que es dentro de la línea de defensa que planteamos, ahí estamos en ese proceso, no está formalizada esta información, pero fue una de las razones que se esgrimió para la sustitución de la medida cautelar, donde el Ministerio Público ni siquiera se opuso y estaban en conocimiento de que no había mayores antecedentes, sobre estos hechos imputados".

A estos tres militares, tras quedar en prisión preventiva durante su formalización, un recurso de la defensa la Corte de Apelaciones de Iquique les sustituyó la medida cautelar por arresto domiciliario en Pozo Almonte, lo que finalmente en diciembre -posterior al aplazamiento de la investigación- el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte decidió conceder, pero solo un arresto domiciliario nocturno, donde los imputados requieren estar recluidos desde las 20 horas.

"Lo bueno es que estamos llegando a un buen puerto y debemos reiterar que nuestros defendidos no están cometiendo ningún ilícito, sino que estaban en la función pública que le fue encomendada, de lucha contra el contrabando y designado por el Estado Plurinacional de Bolivia", afirmó el abogado, quien cree que en el caso de que se desestime finalmente el robo con violencia, las penas más bajas permitirían optar a una expulsión

Desde la Fiscalía no se aventuran a dar detalles del estado de la investigación. El fiscal jefe de Pozo Almonte, Hardy Torres, explica que es una investigación sigue en curso, "aún nos faltan diligencias importantes que se deben realizar, que son fundamentales para la causa".

Explicó que se trata de diligencias que son vitales tanto para la investigación que lleva la fiscalía como para la defensa, es por eso que se ha ido aplazando la investigación.

"Los imputados están en arresto domiciliario y ya podríamos tener novedades con estas diligencias en un plazo de 30 días", dijo Torres. Dentro de las problemáticas que ha tenido el caso para poder avanzar fueron, por un lado, la pandemia y, en los últimos días, el estado de excepción vigente en la provincia del Tamarugal.