Desastre sin precedentes
El fallo de la Corte Suprema en favor de la cooperativa Alcantagua, que obliga a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique a pagar $9 mil millones, es una verdadera tragedia que afecta al patrimonio de la comuna.
El nivel del monto hace que ya se comenzara con el embargo del patrimonio de la entidad, que no es más que el de la comuna y que se utiliza en beneficio de los habitantes de Iquique y sus caletas.
Claro ejemplo son los 22 vehículos que fueron embargados, pero también otra implementación que es clave para prestar los servicios que entrega la municipalidad, principalmente a la población más vulnerable y que sería un desastre sin precedentes.
Si bien se trata de problemas de gestión de larga data, tras la construcción de un Cesfam en parte de los terrenos de esta cooperativa, es claro que el municipio no se puede quedar esperando el remate de este patrimonio y debe tomar acciones para poder pagar la deuda y no poner en riesgo los servicios a la ciudadanía.
Es evidente que un municipio como el de Iquique no cuenta con este monto y que las resoluciones judiciales deben acatarse, pero se deben tomar acciones que permitan minimizar el impacto para un patrimonio que a fin de cuentas es de toda la ciudadanía.
En la gestión de la exalcaldesa Myrta Dubost, el Concejo Municipal debió vender un terreno en el cerro Aldea, en la ruta que conecta con Alto Hospicio, para pagar una deuda de más de mil millones con una constructora que emanaba de obras de la década del 90.
Si bien actualmente se habla de montos muy superiores, es importante que se puedan tomar acciones con el fin de sanear el tema, por un terreno donde hoy se emplaza uno de los principales recintos de salud de la región.
Además, no deja de ser lamentable que con tantas instancias judiciales no se haya podido llegar a acuerdos extrajudiciales que pudieron ser mucho más beneficiosos para el patrimonio comunal.
Por más que se quiera minimizar el problema, al ser una deuda de la Corporación Municipal y no de la casa edilicia, está claro que en términos prácticos viene a ser lo mismo, pues son los bienes que se utilizan para brindar los servicios que entrega la municipalidad los que están en grave peligro.
"Se deben tomar acciones que permitan minimizar el impacto para un patrimonio que a fin de cuentas es de toda la ciudadanía".