Romel J. Puche

En prisión preventiva quedaron ayer los tres militares bolivianos identificados como el teniente Jaime Hervas Fuentes, el subteniente Nijer Ponce Flores y el sargento segundo José Bautista Carvajal, tras ser acusados de irrumpir en territorio nacional para perpetrar el robo de tres vehículos. En concreto, los imputados fueron formalizados como autores de los delitos de robo con intimidación y porte de arma de fuego y municiones.

En audiencia el fiscal Hardy Torres explicó que los hechos ocurrieron el pasado martes alrededor de las 22 horas, en circunstancias que una de las tres víctimas conducía su camioneta Toyota Succed por el Salar de Coipasa, en Colchane, y fue interceptado por un grupo de uniformados militares de Bolivia, entre los cuales se encontraban los acusados que se movilizaban en otro vehículo que se acercó al afectado y disparó para que se detuviera. La víctima huyó a Pisiga Choque, quedando empantanado a tres kilómetros antes del pueblo, donde fue intimidado por el grupo con armas de fuego con el objeto que pasara las llaves, cuestión que realizó, por lo que luego se dieron a la fuga en el mismo vehículo de la víctima.

Ya a las 23.50 horas tres patrullas de carabineros se trasladaron hasta la salida del pueblo de Pisiga Choque, tras cuatro llamados a la subcomisaría que alertaban de que militares bolivianos rondaban por el poblado. En el lugar, según consta en el parte policial, se encontraron con dos de las víctimas, los que denunciaron el robo "y a solo metros de la salida del pueblo en el salar de Coipasa lograron identificar, en territorio chileno, un camión marca Toyota Dina con su mercadería en el suelo y metros más allá un Nissan Atlas", dijo Torres.

Por lo anterior Carabineros inició una persecución encontrándose con personal boliviano aproximadamente a más de un kilómetro de la frontera, los cuales se desplazaban en tres vehículos, siendo uno de ellos el de uno de las víctimas. Los militares al darse cuenta de que estaba la policía chilena, comenzaron a disparar sus armas por lo cual Carabineros repelió el ataque, logrando interceptar uno de los vehículos en el cual se desplazaban los imputados, quienes intentan darse la fuga, pero son reducidos, encontrando en su poder armas y municiones.

En la audiencia el fiscal dio cuenta de las diligencias realizadas, así como el peritaje que determinó los acusados mantenían residuos de disparos en sus manos.

Defensa

La tesis expuesta por la defensa de los militares, a cargo del abogado particular Christián Castro, dio cuenta que los uniformados bolivianos cumplían con sus deberes para frenar el contrabando, y aseveró que en ningún momento cometieron algún delito. Aludió a acuerdos internacionales de cooperación entre cuerpos de seguridad chilenos y bolivianos, los que a su criterio permitían el desarrollo de las labores de defensa que según él ejercían sus representados en el sector fronterizo, formando parte del comando "Bravo". "Los imputados no son simples maleantes ni delincuentes, son funcionarios públicos de una unidad militar que lucha contra el contrabando", aseveró.

Para Castro, el ingreso de los militares bolivianos al territorio nacional se debió a un "incidente", y negó la existencia del delito al no existir a su criterio una apropiación de los vehículos de las víctimas, de quienes aseguró "estaban derechamente en actividades de contrabando". Precisó que uno de los autos había sido incautado minutos antes del lado Boliviano, y que fue empleado por sus clientes para hacer persecución posterior a los supuestos contrabandistas, circunstancias en la que ingresaron al país sin darse cuenta de la violación de los límites territoriales.

En los mismos términos estimó que no se debía decretar la prisión preventiva, pidió en subsidio arresto domiciliario a cumplirse en la sede consular y precisó que sus clientes podían verse favorecidos con la expulsión del país como pena sustitutiva en un eventual juicio, e incluso solicitó una caución económica de $500 mil para que los imputados enfrentaran el proceso en libertad.

Prisión preventiva

La magistrada Daniela Gutiérrez desestimó los dichos y las peticiones de la defensa, al considerar suficientes los antecedentes expuestos por la Fiscalía. "Estos convenios de colaboración no otorgan facultades al personal boliviano para que puedan traspasar la frontera", dijo. La jueza que "los militares bolivianos sabían que estaban en territorio chileno, esto por el conocimiento que tienen ellos del territorio".

Sobre la teoría de la defensa aseveró "se torna ilógica, atemporal e incompleta", y acreditó inicialmente la existencia de los delitos referidos por el persecutor. La magistrada decretó la privación de libertad de los tres imputados, y fijó el plazo de investigación en 90 días.

Al término del procedimiento judicial Torres explicó que se "presentaron pruebas planimétricas, fotografías, videos, declaraciones de testigos, de las víctimas, y de carabineros, asimismo se periciaron las armas y municiones y todas ellas eran contestes en términos de acreditar que los imputados habían sido quienes habrían abordado a las víctimas y atacaron con armas de guerra a Carabineros".

Sobre el ánimo colaborativo de los militares y la toma de sus declaraciones, dijo que "debemos coordinar con la defensa (...) todavía no hay colaboración de parte de ellos ni han planteado testimonios", pero estas aclaró, se realizarán en unos 15 días.