Patricio Iglesias P.

En Tarapacá, hasta la fecha, existen 241 condenas de personas por delitos asociados al estallido social, que se vivió en el país a partir de octubre de 2019. Cifras que dio a conocer a este medio el Ministerio Público, en momentos que -en el Congreso- se discute un eventual indulto en estos hechos.

La mayoría de estas condenas corresponden a causas por desórdenes públicos (97 ), tenencia, posesión o lanzamiento de bombas molotov (35), receptación (26), robo en lugar no habitado (23) y delitos tipificados en la Ley de Seguridad del Estado (17).

Afectados

Carlos Figueroa es uno de los afectados por lo vivido en 2019 en la región. Él tenía dos emprendimientos, uno con venta de lentes de sol de bajo costo en el supermercado Lider y era coordinador de la feria que estaba en el sector del Jumbo, en Tadeo Haenke. Primero destruyeron su local de anteojos y con 20 días de diferencia, ardió su otro puesto, áreas en donde turbas arrasaron 12 módulos de este lugar.

"El saqueo que vivimos es incomprensible, había personas que lo único que querían era robar", argumentó Figueroa, quien consideró no estar acuerdo con una amnistía. "Discrepo de personas que tratan a estos tipos como no delincuentes. Vivimos momentos de terror y sería bueno preguntar a vecinos de Las Rosas, a una cuadra del Lider, cómo vivieron esas noches", dijo Maldonado.

Otra de las afectadas fue Claudia Bermúdez, quien vendía chocolates finos afuera del Jumbo. Su carrito emprendedor que fue vandalizado en noviembre de 2019. "En ese momento tuvimos ayuda de Minera Collahuasi, logrando comprar nuevamente las cosas que habíamos perdido. Después de ello permanecimos hasta diciembre en ese mismo punto de venta, hasta que se hizo insostenible la situación, por las constantes quemas y marchas".

Bermúdez tampoco está de acuerdo en indultar a los procesados, ya que indicó que "las acciones de estas personas perjudicaron a muchos emprendedores. Los destrozos que nos ocasionaron marcaron un antes y después en los proyectos".

Reparación

Similar situación vivió Marianela Chalco, presidenta de la Galería Vivar, quien asegura que "tuvimos que salir a pelear con los delincuentes que saquearon la mayoría de los negocios de calle Vivar como las farmacias, tiendas. Serán de cadenas, pero dan trabajo". Chalco incluso, en un acto temerario, evitó que un grupo saqueara la Farmacia Ahumada que quedaba a metros de su feria.

Precisó que "no puede haber un indulto para quienes no marcharon, sino destruyeron". Cree debe haber una reparación para los comerciantes o emprendedores que sufrieron daños materiales y económicos derivados de la crisis.

"Vino la crisis social y sobrevino la pandemia que destruyó muchos negocios", expresó Marianela Chalco.

Dijo que el estallido social dejó de herencia unidad en el sector, pues muchos debieron improvisar guardias y dormir en sus negocios.

Israel Roa también sufrió un robo durante este contexto de convulsión social. Su local de venta de celulares fue asaltado. "No recuerdo la fecha, pero entró un grupo de personas y robó mercadería. No se llevó todo, pero fue muy difícil".

Para él, lo que vino después fue mantener su tienda y reinventarse con ventas en internet. Argumentó que "no soy partidario de indultos, porque hubo actos delictuales".

Abogado

El abogado Fernando Monsalve, lleva el caso de una persona procesada por hechos posteriores al 18-O. "En Iquique es la imputación por porte y lanzamiento de artefacto incendiario o molotov y una eventual asociación ilícita", explicó.

Expuso que en los casos hay personas menores de edad hasta adultos. Para el jurista, el indulto es una figura excepcional "y de aplicarse hay que entender bien a quién podría beneficiar, porque hay voces que hablan de solo quienes estuvieron el 18 de octubre de 2019".

Quien actúa como querellante, en defensa de detenidos en la revuelta, es el abogado Matías Martínez. El ex concejal manifestó que es necesario avanzar en un proyecto de Ley de Amnistía. "Lo que debe ser un acto de justicia a aquellas personas que se le ha aplicado la Ley de Seguridad del Estado solo por el hecho de protestar o incluso procesados por la Ley Antibarricadas, que criminalizó la protesta social". Aseveró que, actualmente, hay 12 personas en prisión preventiva y otros más en arresto domiciliario.

241 condenas, por delitos asociados a la revuelta social de 2019, existen en la región.

Cerca de 5 mil millones de pesos están disponibles a través del programa Reactívate Tarapacá 2021 de Sercotec, iniciativa financiada a través del Consejo y Gobierno Regional, que busca apoyar a las micro y pequeñas empresas de la región afectadas por la emergencia sanitaria.

El beneficio está dirigido a pymes que tengan inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos y con ventas netas superiores a 0 UF e inferiores o iguales a 25.000 UF. Los fondos permitirán adquirir activos fijos y capital de trabajo para el funcionamiento de un Plan de Compras.

Como una manera de disminuir al mínimo el contacto físico entre funcionarios y usuarios, además de mejorar la calidad de servicio y atención, la Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias de Serviu (OIRS) dejó de entregar sus cartillas informativas impresas. En su remplazo utilizará la tecnología, y mediante la lectura de un código QR, cualquier persona podrá descargar la información y fichas de cada programa.

El sistema permite que el usuario escanee el código QR, instalado en las ventanillas de los puntos de atención de la OIRS, y pueda descargar documentos, que debe completar para la postulación a los diferentes programas habitacionales.