Romel J. Puche

Luego de irrumpir en nueve casas de Iquique y Alto Hospicio la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (Sebv) de Carabineros logró la detención de ocho imputados, siete de ellos aprehendidos con órdenes y uno en flagrancia por tráfico de drogas, quienes formarían parte de un banda dedicada al robo de autos estacionados en la vía pública y también en portonazos y encerronas.

La organización, según dijo la Fiscalía, estaría vinculada en al menos 10 hechos para los cuales habrían utilizado la intimidación, consumando algunos asaltos con armas de fuego, una de ellas incautada y actualmente periciada por la policía uniformada.

Paola Apablaza, fiscal jefe de la Unidad de Focos, señaló que a través de la diligencia lograron establecer que dicha organización luego de robar las máquinas, las intercambiaban por drogas o dinero en efectivo con proveedores extranjeros.

"Se determinó que esta banda estaba integrada por alrededor de 12 sujetos relacionados a 10 delitos, más al hallazgo de sustancias ilícitas", resaltó la persecutora.

En tanto el fiscal Maximiliano Mariángel, encargado del caso, dijo que como modus operandi estos imputados que "sacaban las chapas y confeccionaban llaves falsas de los autos para luego trasladarlos hasta el altiplano, algunos de estos imputados fueron sorprendidos en Colchane luego de haber entregado camiones, algunos fueron recuperados".

"También cometieron algunos robos con intimidación o violencia que ocurrieron en circunstancias en que víctimas se encontraban llegando a sus domicilios, estacionaban sus autos afuera del condominio donde vivían y estos imputados llegaban y cruzaban el auto para intentar sustraerlo, en uno de estos casos la víctima puso resistencia, la mayor parte de los imputados adolescentes no lograron sustraer el vehículo pero sí se llevaron un celular de la víctima", dijo.

Mariángel resaltó que "esto es una modalidad muy parecida a lo que está ocurriendo en la región Metropolitana referente a portonazos o encerronas, por lo menos dos de estos delitos que fueron investigados tendrían las mismas características".

Respecto a los vehículos robados, el persecutor explicó en audiencia que los mismos eran acopiados en el sector de Cariquima, específicamente en el poblado de Pisiga Centro, y una vez gestionado con el financista de la organización de nacionalidad boliviana, eran ingresados de manera ilegal por pasos no habilitados. De la organización algunos cumplen prisión por otros delitos, y también serán formalizados por su vinculación a la banda.

Por su parte el general Sergio Telchi, jefe de la Primera Zona de Carabineros Tarapacá, indicó que todos los imputados mantienen "un amplio prontuario policial, y todos con delitos vinculado a este mismo flagelo, si bien es cierto existe la intención del robo de vehículo hay otra serie de delitos asociados a ellos, en este procedimiento se incautó cerca de un kilo de marihuana, un kilo de pasta base y un kilo de cocaína".

Al cierre de esta edición continuaba realizándose la formalización.

El tribunal Oral en lo Penal de Iquique condenó a Ana María Soto Araya, quien ejercía de tramitadora aduanera, como autora del delito de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, luego que se comprobara su participación en la inscripción a nombre de un tercero de un auto con documentación falsa.

De acuerdo a la acusación presentada por el fiscal Juan Zepeda, la tramitadora concurrió hasta las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación de Iquique y solicitó la primera inscripción del vehículo camioneta marca Ford, modelo Ranger XL, año 2015. Para ello presentó como documento fundante una Solicitud de Registro Factura (SRF) supuestamente emitida por una empresa de Zona Franca, sin embargo, este documento era falso, por cuanto en realidad correspondía a una factura de traspaso de fecha diferente y que amparaba un vehículo de distintas características al señalado.

La Fiscalía presentó los testimonios de los funcionarios de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (Sebv) de Carabineros que participaron en la investigación de este caso, quienes explicaron que a raíz de una fiscalización producida en Valparaíso al vehículo en cuestión, se percataron que el número de motor no coincidía con las inscripciones originales en los vidrios.

Al realizar una revisión más profunda, se dieron cuenta que el vehículo había sido sustraído en Santiago antes de que fuera inscrito, por lo que pidieron al Registro Civil los datos de quién lo inscribió y con qué documentos, logrando identificar a la acusada.

También declaró quien figuraba como dueño del vehículo, asegurando desconocer que este era robado, y el perito caligráfico de la PDI que confirmó que la solicitud de primera inscripción fue realizada por la acusada a quien la Fiscalía pidió una pena de cuatro años de presidio.