¿Deben retomarse las clases presenciales?

Hay evidencias que afirman que, aunque los niños desarrollan la enfermedad en formas más leves, son vectores de transmisión importantes. La experiencia del 2020 muestra que el cierre de escuelas se asoció a una disminución de la velocidad de transmisión del virus, así como de la mortalidad por COVID-19, siempre que esta medida se acompañe de consecuentes políticas de aislamiento social.

Los miembros de la comunidad escolar, aunque en su mayoría puedan ser personas jóvenes, son vulnerables debido a su alto grado de exposición. Muchos de ellos tienen enfermedades crónicas, o tienen en casa, familiares con factores de riesgo. Ni hablar de la sobrecarga al sistema de transporte que esto implica. Un sistema que ya parece asumirse como una gran excepción para el distanciamiento físico.

Así, son muchas las variables que están en juego en la decisión de iniciar las clases presenciales. A mi parecer, es un error fijar el inicio de clases en determinada fecha del calendario. Al igual como se había planteado en un inicio el plan paso a paso, el reintegro a clases presenciales debe basarse en criterios sanitarios. En primer término, los profesores deben haber recibido ambas dosis de la vacuna, y en segundo lugar, se debe asegurar el distanciamiento físico y medidas de higiene entre todos los miembros de la comunidad educativa. Asimismo, establecer un sistema de trazabilidad eficiente frente a la aparición de casos en cada establecimiento.

Todo aquello, implica que se debe hacer una planificación curricular adecuada, compatible con la reducción de jornada, con la educación sincrónica a distancia, adaptación de espacios y evaluar un posible aumento del equipo docente, pues la sobrecarga de trabajo es evidente. No se deberían tomar decisiones que puedan aumentar aún más las brechas entre la educación pública y privada.

En cada una de las decisiones que se toman, se está jugando todo el sacrificio que se ha hecho hasta hoy. Las consecuencias de apurar un proceso cuando no están dadas todas las garantías, pueden ser aún más catastrófico.

"Las consecuencias de apurar un proceso cuando no están dadas todas las garantías, pueden ser aún más catastróficas"

Dr. Claudio Olmos González, Académico Facultad de Medicina U. Andrés Bello

Debido a los reportes de intoxicaciones de gatos asociadas al consumo de algunas marcas de alimento, surgen interrogantes sobre la elaboración de estos y la forma de proceder frente a estas situaciones. En Chile, la elaboración y el rotulado los alimentos de perros y gatos debe cumplir con la Norma Chilena Nch2546.Of2019, y su formulación debe basarse en lo establecido por la Association of American Feed Control Officials (AAFCO), National Research Council (NRC) o la The European Pet Food Industry (FEDIAF).

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es quien fiscaliza el cumplimiento de los requisitos de formulación, elaboración y etiquetado, por ello, es el ente que está realizando los análisis para determinar la causa de los cuadros de intoxicación. Situaciones como las ocurridas pueden deberse a la contaminación de uno o más lotes, la alteración de algún componente, cambios en la proporción de algún ingrediente, entre otros motivos.

Cuando se presentan signos clínicos asociados al consumo de algún alimento, es fundamental acudir rápidamente a una clínica veterinaria para la estabilización de la mascota y notificar al SAG y además al Servicio Nacional del Consumidor para generar el retiro del mercado de los lotes involucrados y poder identificar la causa del problema lo antes posible.

Los dueños de mascotas deben optar, siempre que sus posibilidades lo permitan, por alimentos de alta calidad y valor nutricional, evitar comprar alimentos a granel y por supuesto, siempre estar muy atentos a cualquier signología anormal que presentan las mascotas después de consumir su alimento.

Carolina Beato, directora Centro Veterinario Universidad

de Las Américas y

Doctora en Ciencias Biomédicas

El denominado "instructivo de la controversia" generó unión entre declarados rivales políticos más que cualquier urgencia que precisa de acuerdos.

A pesar de las críticas de algunos diputados y senadores sobre la vacunación de algunos de sus colegas, pese a no estar aún en el rango etario establecido en el calendario de vacunación nacional contra el covid-19, de todas formas lo hicieron tanto ellos como algunos miembros de su equipo de trabajo. Desde Iván Moreira (64) a Guido Girardi (60), pasando por la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (56) y Juan Ignacio Latorre (42), no importó la edad sino su condición de "desarrollar funciones críticas para el Estado".

Este trato preferencial eleva a la clase política a una posición que no les permite ver lo crítico de este tipo de conductas. En este caso también está en juego la salud de nuestra democracia.

Herman Durán Urra

Fundación para el Progreso