El siglo de una ley
Pocas leyes, de las muchas que son tramitadas, tienen impactos profundos en las personas y sociedades. La mayoría de los marcos legales se refiere a cuestiones puntuales y precisas, pero una minoría es la que puede aspirar a una modelación profunda de los acuerdos sociales.
La nacionalización del cobre, la propuesta del Plan Auge, el derecho a voto de la mujer, la libertad de expresión, el fin de la esclavitud, la separación de la Iglesia del Estado, son ejemplos sobresalientes, que fueron un punto de inflexión en nuestra nación.
Y hace poco ocurrió una muy relevante, como suele ocurrir, con escaso reconocimiento y recuerdo.
Hace poco más de un siglo, el Sexto Censo General de la República de Chile, realizado en 1907, arrojó resultados lapidarios en términos educacionales del país. Por entonces se descubrió que el 48,4% de la población permanecía analfabeta y respecto de los niños entre 5 y 15 años, el análisis de las cifras mostraron que solo el 17% de ellos asistía a clases.
Durante las administraciones de Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda, se había experimentado un crecimiento de establecimientos educacionales construidos por el Estado y aumentado la cantidad de casas en arriendo, para que funcionaran como escuelas, mejorado la dotación de normalistas y creando el Instituto Pedagógico, para formar profesores secundarios. Sin embargo de poco servía si los menores seguían en sus casas trabajando.
Con el objetivo de cambiar ese escenario se tramitó y promulgó la "Ley de Educación Primaria Obligatoria", que entró en vigencia el 26 de agosto de 1920, la que estableció en su artículo primero que: todos los niños chilenos entre los 6 y 16 años, que estudiaran en escuelas administradas por el Estado y las municipalidades del país, estaban obligados a cursar cuatro años de enseñanza básica.
Hoy los números nacionales son propios de país desarrollado y eso fue posible porque se avanzó en una política pública de bien común que transformó positivamente el país, lo que implicó romper esquemas y poner como objetivo principal el beneficio de la mayoría.
El Estado, a través de la ley genera mundos posibles. En este caso específico el resultado fue notable y un excelente ejemplo de que las cosas bien hechas perduran en el tiempo y significan oportunidades concretas para las personas.
"Se tramitó y promulgó la "Ley de Educación Primaria Obligatoria", que entró en vigencia el 26 de agosto de 1920".