Romel J. Puche

Dirigentes vecinales de Iquique acusan que no se respetó el catastro de vulnerabilidad hecho por los pobladores, en cuanto a familias con riesgo social que requieren el aporte de las cajas de alimentos que entrega el Gobierno por la pandemia del covid.

Presidentes de las juntas de vecinos califican de "discriminatorio" la separación de las poblaciones por cuadrantes, y están en desacuerdo en que algunos pasajes de un mismo sector hayan quedado excluidas en la entrega de cajas.

José Vargas, presidente de la Junta de Vecinos Cariquima, indicó que "en la primera entrega se entregó bien, lo que entregó la Municipalidad también se hizo muy bien, pero en esta oportunidad se entregó pésimo, encuentro que no puede ser que separen un cuadrante y digan a este pedacito de la población le corresponde y a la otra mitad no".

Vargas añadió que "hice las consultas a la Intendencia y al propio alcalde Mauricio Soria, y él me dijo que se están guiando por un protocolo que entregó el Gobierno, ellos como sugerencia mandaron este mapa por cuadrantes para la entrega, entonces yo encontré discriminatorio lo que están haciendo, porque no puede ser que una persona que viva en un pasaje más arriba del mío y dentro de la jurisdicción recibió caja y la otra gente que vive abajo no recibió nada".

La citada junta vecinal abarca 400 familias de los sectores del pasaje Quena, la avenida progreso, Estación Pintados, Las Carpas y parte de Cerro Dragón hasta la avenida Diego Portales, y una parte de ellos no recibió la ayuda.

Similar situación se repitió en la Junta Vecinal de la población Nueva Victoria, esto de acuerdo a lo asegurado por su presidente Savy Olivares.

"Hay que aclarar que no es un reclamo porque no hayan llegado las cajas, sino por la forma en que se están entregando", dijo Olivares.

Según el dirigente, "nosotros conforme con la primera etapa en nuestra población, se le entregó más o menos a un 15%, entonces el resto de la gente se quedó tranquila esperando la segunda etapa, pero las cajas no les llegaron".

"En este caso el Gobierno le entregó un protocolo al Municipio, y el problema fue que el mapa de vulnerabilidad no es real (...) los vecinos se preguntan qué es lo que está pasando, yo fui al Gobierno y me dicen que es el Municipio quien tiene que ver con esta entrega, fui hasta el Municipio y solicité hablar con el alcalde quien me mostró el protocolo dado por ellos (Intendencia) para entregar apegado al mapa que mandó el Gobierno", aseveró.

Son cerca de 486 familias vulnerables las catastradas por la dirigencia, y no todos fueron beneficiados por la caja en esta segunda entrega. "Ahora se benefició diría yo que a un 10%", enfatizó Olivares.

Una de las vecinas que no recibió caja de alimentos pese a figurar en el catastro fue Carla Flores, madre soltera y con cinco hijos quien se quedó desempleada durante la pandemia. "Estoy mal y sin trabajo, yo anteriormente no necesite ningún aporte pero ahora si al no poder trabajar (...) yo hacía limpieza en departamentos, vendía afuera del colegio de mi hija". Por la cuarentena dejó de generar ingresos.

Municipio e intendencia

Heidi Barrientos, administradora municipal, precisó que "nosotros estamos trabajando con un convenio que hicimos con el gobierno regional, donde nosotros somos meros ejecutores".

Barrientos explicó que "en este convenio se estableció un mapa de vulnerabilidad, es un mapa de calor en el cual se señalaba que la zona roja era la de más alta vulnerabilidad, ellos (Intendencia) nos entregaron ese mapa como una herramienta, entonces nuestra misión es entregar a todos aquellos sectores y cuadrantes que estén señalados con color rojo".

La administradora dijo que en ese mapa no se considera las caletas, el sector de Las Dunas, Los Alelíes y Laguna Verde. Barrientos dijo que "si algún vecino reclama, nosotros estamos entregando lo que se nos estipuló por convenio".

Por su parte el intendente regional de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, señaló que "en el caso de Iquique, el Municipio solicitó un mapa de vulnerabilidad que es de carácter referencial y dinámico, y refleja datos como casos positivos de COVID-19, densidad de adulto mayor, hacinamiento, resguardando que se considere a familias vulnerables y de clase media, además de considerar aquellos casos especiales que son focalizados a través de la Dideco".

486 familias vulnerables fueron catastradas por la Junta Vecinal de Nueva Victoria.

400 familias en riesgo social han sido consideradas por la Junta Vecinal Cariquima.

En un encuentro virtual pymes de la región de Tarapacá conocieron detalles de los beneficios de la Ley de Insolvencia y la nueva Ley de Donaciones, evento denominado Corfo Conecta y que contó con la participación de expertos nacionales y regionales.

En la oportunidad, las micro, pequeñas y medianas empresas regionales endeudadas, recibieron asesoría para acceder a la Ley de Insolvencia, charla que estuvo a cargo de Paulina Ávila, coordinadora regional de Tarapacá de Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

Asimismo, se realizó una exposición sobre el uso de la plataforma de la nueva Ley de Donaciones, la que dictó Jason Scherpenisse, coordinador de la División Empresas de Menor tamaño del Ministerio de Economía.

Respecto a los aspectos tributarios del mismo cuerpo legal, expuso Jonatan Israel, gerente de Servicios Tributarios Internacionales, PwC.

El director de vinculación y servicios de la Gerencia de Innovación, Sergio Aravena Pino, explicó que Corfo Conecta tiene como objetivos realizar acercamientos entre los emprendedores y pymes en general con diversas instancias que les permitan desarrollar sus proyectos y asimismo conocer fórmulas de solución a sus problemáticas, especialmente en tiempos de crisis.