Fiscalía inicia investigación por trato directo para las cajas de mercadería
Intendente adelantó que va a colaborar con el Ministerio Público y acusó "acciones malintencionadas".
La Fiscalía Regional de Tarapacá inició una investigación en torno a las 23 mil 113 cajas de mercadería repartidas por el Gobierno Regional, las que fueron adquiridas vía trato directo por parte de la Intendencia a particulares para suplir las carencias económicas generadas por el COVID-19 por un monto de más de 1.190 millones de pesos.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el diputado Hugo Gutiérrez, el consejero regional Pedro Cisternas y el concejal Matías Ramírez. Los mismos denunciantes ya habían solicitado previamente a Contraloría una auditoría a la ejecución regional del plan Alimentos para Chile liderado por el Gobierno a nivel nacional.
Si bien esa investigación de carácter administrativo sigue su curso, el órgano contralor ya emitió un oficio cuestionando las resoluciones de trato directo y convenios de transferencia del Gobierno Regional de Tarapacá con empresas y organizaciones privadas.
A través de un comunicado del Ministerio Público, el fiscal regional Raúl Arancibia expresó que instruyó las indagatorias al fiscal Juan Zepeda y a la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción, quienes junto a la Policía de Investigaciones, tendrán que aclarar "si existen o no delitos en los hechos denunciados y quiénes podrían haber participado".
Fraude al fisco
Para el abogado y concejal de Iquique, Matías Ramírez, la denuncia presentada el pasado jueves se basa en que el trato directo habría favorecido a empresas que no tenían una actividad económica reconocida por el Servicio de Impuestos Internos relacionada a la venta de alimentos, y que solo realizaron el giro comercial en fechas cercanas a lo ocurrido.
No obstante, para el denunciante el hecho determinante es que, junto con señalar que una de las empresas habría sido utilizada como "palo blanco", las unidades tendrían "un notorio sobreprecio".
"En cada caja el valor asciende a una cifra cercana a los 53 mil pesos, pero para las empresas que se dedican al rubro, los productos no superan los 40 mil pesos, entonces hay al menos 200 millones en sobreprecios. Entendemos que detrás de esto está financiar las futuras campañas políticas del oficialismo. Tenemos la declaración de varios funcionarios de Gobierno que entregaron antecedentes de forma reservada. Eso debe ser corroborado", indicó.
El concejal agregó que esperarán los resultados de la auditoría de Contraloría y no descartan presentar una querella criminal cuando se reúnan mayores antecedentes.
Ramírez recordó además que una de las transferencias benefició a la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde el intendente Miguel Ángel Quezada fue miembro antes de asumir el cargo, además de tener vínculos comerciales con el presidente de esta organización, Juan Carlos Salgado: "La empresa que se adjudica a través de la Asociación Cristiana de Jóvenes es la misma que usó de palo blanco a la señora Lorena Barrientos".
La denuncia señala que los hechos constituirían los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y un eventual fraude al fisco.
"No existe delito"
Por medio de una declaración pública, el intendente regional, Miguel Ángel Quezada, afirmó que "no existe delito en el actuar de esta autoridad".
"Mi actuar siempre ha sido ajustado a la ley, guiado por la buena fe y teniendo como norte el bienestar de la comunidad regional. Siempre he sido respetuoso de la institucionalidad, es por ello que nos ponemos a plena disposición de la Fiscalía para colaborar en la investigación, y en lo que sea necesario, teniendo plena convicción de nuestro actuar ajustado a la normativa vigente", expresó el jefe regional de Tarapacá.
Quezada también tuvo palabras para los denunciantes, afirmando que no se dejarán paralizar por "acciones malintencionadas" que solo buscan desprestigiar a la autoridad: "Cuando no hay propuestas, cuando no hay compromiso con la ciudadanía, cuando no hay discusión en la búsqueda de soluciones, se trata de denostar a la autoridad".
El intendente concluyó con que "seguiremos con la mayor fuerza velando por el bienestar de Tarapacá, cuestión que, al parecer, no es de mayor interés para los denunciantes".