Aumentan los detenidos por incumplir cuarentena
Mientras en la primera jornada de confinamiento total hubo 22 detenidos, el último registro indica que 25 personas corrompieron la medida.
Un total de 25 personas fueron detenidas durante la última jornada por incumplir la cuarentena total y no portar un permiso temporal en la Provincia de Iquique, zona que mantiene para sus más de 321 mil habitantes un confinamiento obligatorio para disminuir las tasas de contagio de coronavirus.
El intendente Miguel Ángel Quezada dio a conocer la cifra de detenidos ayer en el tradicional punto de prensa, instancia donde señaló también que un total de 21.364 pidieron permisos temporales, lo que equivale al 7 por ciento de la provincia.
En la primera jornada de la cuarentena total para Iquique y Alto Hospicio fueron reportadas 22 detenciones por infringir el Artículo 318 del Código Penal.
El comandante de Carabineros Francisco Muñoz de la Prefectura de Iquique explicó que el conteo de los 25 detenidos se debe a los registros del último sábado a las 8 de la mañana hasta 22 horas del mismo día.
"En coordinación con el Ejército de Chile se efectúan controles vehiculares en diferentes lugares, los cuales por razones obvias no se pueden informar, debido a que algunos son fijos y otros se van moviendo con el objetivo de controlar las calles o un recinto público", manifestó el oficial.
Muñoz detalló también que para realizar las fiscalizaciones para el cumplimiento de la cuarentena salen a las calles 42 funcionarios de Carabineros por turno. A ello se suman más efectivos que desempeñan funciones en vehículos policiales y otros servicios fijos.
"Como estamos en Estado de Excepción el Ejército también puede realizar control de identidad y puede detener a las personas que corrompen la cuarentena. Recordemos que estamos bajo la figura de un jefe de la Defensa Nacional que es un general del Ejército de Chile. Personal del Ejército, la Armada y la Fach pueden detener pero por un tema de infraestructura y logística nos entrega a los detenidos, a quienes ponemos a disposición del Ministerio Público", puntualizó el comandante.
El uniformado explicó además que las personas que son aprehendidas sin permiso para circular en la calle en el periodo de cuarentena aducen que en algunos casos existe un ánimo de no respetar la cuarentena, mientras que otros aluden desconocimiento. En el último caso, quienes corrompen la medida exponen que debían salir de sus casas con urgencia y que por ello no solicitaron la autorización por medio de la Comisaría Virtual.
"Si bien la Comisaría Virtual ha tenido una alta demanda a nivel nacional, efectivamente es mucho más fácil llevar un permiso temporal e incluso mostrarlo en el celular a personal de Carabineros y las Fuerzas Armadas y hacer el trámite legal que corresponde", indicó Muñoz, quien añadió que la disposición nació con el objetivo de evitar que las personas salgan de sus domicilios para bajar las curvas de contagio por COVID-19.
Castigos
De acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía, si una persona es detenida por primera vez por corromper la cuarentena queda apercibida y la policía la deja en libertad no sin antes fijar un domicilio. Esa denuncia es enviada a la Fiscalía por infringir la cuarentena poniendo en peligro la salud pública, bajo el Artículo 318.
Si la persona es detenida por segunda vez en el mismo acto, la policía debe informar a la Fiscalía y pasar al sindicado a control de detención, donde será formalizado por el delito descrito. Se solicita para esa persona una medida cautelar y generalmente queda con arresto domiciliario nocturno.
El Código Penal, en su Artículo 318, indica que el que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
42 funcionarios de Carabineros por turno están destinados para revisar el cumplimiento de la cuarentena.
20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) puede llegar a pagar una persona que ponga en peligro la salud pública.