Patricio Iglesias P.

Hoteleros y representantes de restaurantes de Pica manifiestan que el impacto de la crisis social y el COVID-19 significó un duro golpe. No solo es la falta de pasajeros, sino que el sector mostró que no estaba preparado para asumir los costos del estallido social y menos los derivados de la pandemia.

Una situación que planteó con preocupación el empresario Rubén Fairlie, quien considera "llevamos una crisis de ocho meses, desde octubre a mayo, ahora con la pandemia".

Precisó que su emprendimiento es un hotel, el cual solo tiene un 10% de ocupación y es lo que ha podido soportar en este período, por cuanto opera con empresas.

"Los hoteles, los que funcionan, tiene máximo 10% de ocupación y los restaurantes están reconvertidos a delivery y dependiendo de lo que demanden empresas. Es el panorama en el oasis".

Para Fairlie es fundamental repensar el oasis, porque considera que en estos momentos tampoco son ayudas las medidas en bancos, por cuanto solo traen complicaciones a los empresarios.

En este contexto, cree que es fundamental "hacer publicidad real al Oasis. Eso lo dijo el Presidente Piñera cuando vino, porque Pica es más que un lugar de descanso".

Por ello aseveró que el gobierno debe ayudar, "pero proyectar un trabajo de recuperación del turismo, para que ahora llegue al nivel del desarrollado en San Pedro de Atacama".

Reconvertirse

Susana Vásquez, propietaria de un hotel, expuso que "lo que he hecho es pagar impuestos, pese a que solo recibí un pasajero en todo abril".

Explicó que tras la crisis social, enero fue un mes de movimiento y asistencia de visitantes, pero "ese énfasis decayó muy fuerte en febrero".

La empresaria hotelera manifestó que una de las salidas que le queda al sector, es que "los empresarios se reconviertan, porque la industria turística no se va a reactivar en un plazo no menor de seis meses".

Por ello, en su calidad de ingeniera en computación, aseveró que ha buscado nuevos nichos como educación.

Vásquez, quien tiene arriendo de cabañas y habitaciones, expuso que las ayudas del gobierno son a largo plazo. "En esta situación que se vive en la comuna, no se puede esperar tanto. Lo que se debe hacer es innovar", puntualizó.

Otros de los rubros afectados por la pandemia es el sector frutícula, en especial por una baja en la producción.

Un total de 15 mil pensionados de la Región de Tarapacá comenzaron a recibir desde el 4 de mayo el Bono Invierno.

La directora regional del IPS, Pamela Boyardi, en compañía del gobernador de Iquique, Álvaro Jofré, visitaron la caleta Chanavayita para hacer entrega de este beneficio a los adultos mayores de la localidad.

Boyardi explicó que el objetivo de ir al borde costero es "dar pronta solución a quienes lo necesitan. Nuestra misión es facilitar la vida de las personas".

Uno de los beneficiarios del Bono Invierno fue Aldo López de 80 años, quien además pudo solicitar su Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), beneficio que tiene por objeto apoyar a las personas de menores ingresos.

"Ahora, con la solicitud de este nuevo beneficio, podré recibir más platita", expresó López.

En tanto, Mirka Henríquez aseveró que usará el dinero del "Bono COVID-19" para comprar mercadería. "Me fui feliz a mi casa, ya que no pensé que sería beneficiada con esta ayuda", indicó.

Hoy se realizarían alegatos para revisar las medidas cautelares en el caso de las luminarias municipales. Hasta ayer había apelado la defensa del concejal Guillermo Cejas y T.V., funcionario municipal cuando ocurrieron los hechos acusados. Los dos están en prisión preventiva y su defensa busca que se cambie por arresto domiciliario.

El abogado de ambos, Miguel Castro, dijo que "el juez debe revisar si hay antecedentes de que se ha cometido un delito y si hay presunción de que las personas participaron. Nosotros entendemos que no existen esos antecedentes y por eso pedimos a la Corte de Apelaciones que revise la situación".

Hoy vence el plazo para que otros implicados presenten sus apelaciones. Fiscalía anunció la posibilidad de impugnar las cautelares contra los imputados que quedaron con arresto domiciliario, luego que el tribunal desestimara la prisión preventiva, pero ello aún no se ha concretado.

Hasta el momento se han presentado y anunciado querellas por parte del Gobierno Regional de Tarapacá, la Municipalidad de Iquique, el abogado Matías Ramírez por el Partido Comunista, y la abogada Camila Castillo por el conglomerado Frente Amplio.