Rodolfo Capino Valencia

Un acuerdo reparatorio, que incluye el pago de 30 millones de pesos, logró T.A.R.E., exjefe administrativo de la Seremi de Desarrollo Social de Tarapacá, quien demandó a la máxima autoridad de la cartera, Katherine Aliaga, por vulneración de derechos y tratos vejatorios.

De acuerdo a lo explicado por el abogado representante del afectado, Eryk Cisternas, tras negociaciones entre ambas partes se determinó una transacción a modo de acuerdo.

"Mi representado había estado muy afectado en su salud por toda esta situación, entonces exponerlo a un juicio largo no era la mejor recomendación. Finalmente se arribó a una transacción la que contemplaba un monto indemnizatorio por parte del Ministerio de Desarrollo Social", expresó Cisternas.

El 10 de septiembre de 2018 el afectado ingresó ante el Juzgado de Letras de Iquique una demanda en contra de la seremi de Desarrollo Social de Tarapacá, Katherine Aliaga, por vulneración de derechos y trato vejatorio.

De acuerdo al texto de la demanda, la seremi desde el primer momento demostró un trato despectivo, descalificatorio e irrespetuoso hacia los funcionarios, y muy en particular para con el suscrito -quien posee un 70 por ciento de discapacidad-, lo cual se expresó en solicitudes no pertinentes con el trabajo, de carácter extemporáneas o de carga excesiva.

Según Eryk Cisternas la citada causa abrió paso a un juicio de primera instancia, en donde el Tribunal Laboral de Iquique falló a favor de su representado confirmando que existían las vulneraciones denunciadas.

De este modo, en agosto de este año, el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique determinó que la Secretaría Regional de Desarrollo Social de Tarapacá debía pagar más de 77 millones de pesos.

Una vez condenada la Seremi de Desarrollo Social, representada por el Consejo de Defensa del Estado, interpuso un recurso de nulidad.

Posteriormente en la Corte de Apelaciones de Iquique se inició un proceso de negociación entre ambas partes con el objetivo de finalizar el juicio con un acuerdo.

"Desde el momento en que se cierra una transacción y es aprobada por un tribunal de la República eso es para todos los efectos el término de este procedimiento, ya que se renuncia a seguir cualquier otra acción", planteó el abogado.

El jurista manifestó que este fallo, de alguna manera, repara todas las circunstancias a las que fue sometido su representado, las que a su juicio fueron muy gravosas y terminaron afectando su salud. "También es un fallo que creo que permite a los demás servicios públicos y en general a la autoridad a ajustarse a lo que señala la ley cuando se requiere desvincular a un funcionario", dijo Cisternas.

Respecto a la resolución judicial, por medio de una declaración, la Seremi de Desarrollo Social de Tarapacá expuso que "nosotros hemos sido respetuosos del actuar de los tribunales competentes, y vamos a cumplir como ministerio con las acciones comprendidas en el acuerdo alcanzado por el Consejo de Defensa del Estado".

30 millones de pesos es el dinero acordado entre el demandante y la seremi de Desarrollo Social.

77 millones de pesos había determinado el Juzgado de Letras del Trabajo como indemnización para el trabajador.