Pamela Serey A.

-¿Cómo afecta la Constitución a la vida de los chilenos?

-La Constitución como ninguna otra, ha establecido una súper-protección a los derechos civiles de contenido patrimonial. Existe algo que un sector de la doctrina denomina "el orden público económico de inspiración neoliberal", y que ha puesto una protección extraordinaria, blindada por la Constitución, a derechos de contenido económico y patrimonial.

Lo primero es el acceso al agua. La norma es tan escueta que permite la existencia de un mercado del agua. En pensiones, tienes un sistema asegurado que es dual, el Estado asegura la cobertura de las pensiones y el régimen una cobertura privada.

En salud el Estado tiene un rol débil, donde las prestaciones pueden ser cubiertas por un sistema público o privado. Uno que atiende a un poco menos del 30% y el otro a un poco más del 70% de la población. No hay cobertura real y efectiva. Al final, a las prestaciones a las que se acceda, dependerán de la billetera del solicitante.

En educación, con un rol del Estado que es subsidiario. Eso significa un deterioro paulatino desde la dictadura, que hoy a nivel básico y medio atiende al 30% de los estudiantes. El resto se atiende en la educación particular subvencionada y una minoría en la particular pagada. Hay un conjunto de desigualdades que tienen que ver con el modelo socioeconómico, que tienen correlato en la Constitución.

-¿Es una solución reformarla?

-Más de 200 discusiones de su texto han sido objeto de enmienda. Sin embargo, sigue siendo la Constitución de la dictadura. Fue promulgada por un decreto de ley, ratificada y pseudo plebiscitada, fue un fraude electoral. Tiene un problema de legitimidad de origen.

Ha sido reformada 40 veces en la trampa del consenso, con un sistema que se condiciona por quorum exigentes o extraordinarios, un tipo de reforma que no va al fondo. La Constitución no es sólo un estatuto del poder, es también de un determinado modelo económico y social que hay que cambiar. Hay que introducir elementos de solidaridad, equidad que no tiene, por su inspiración ideológica neoliberal.

-¿Cómo repercutiría en la sociedad una nueva Constitución?

-Hay que tener cuidado porque hay un estereotipo, como que la nueva Constitución viene a solucionar todos nuestros problemas y eso es una vulgarización. Nadie podría decir que cambiaría el orden de cosas. Lo que hace una nueva Constitución es el principio del cambio del orden de cosas. A partir de ella puedes tratar como bienes y servicios públicos, derechos que no son bienes y servicios públicos, que están mirados desde el mercado, como educación, salud, previsión social. Es el principio, no el término de las cosas la nueva Constitución. Ahí uno tiene que ser muy mesurado en no generar falsas expectativas en la población.

-¿Cómo afecta la vida de los ciudadanos la Constitución?

-La Constitución contiene principios que orientan al Estado, reconoce derechos y coloca limitaciones al poder. Pero no afecta la vida de los ciudadanos si por "afectar" entendemos resolver con inmediatez las preocupaciones urgentes. No contiene ni debe contener políticas públicas, porque las rigidiza. Esto debe subrayarse en todo debate y por ahora, está ausente.

-¿Cambiarla repercutiría en las demandas sociales?

-Cambiar la Constitución tiene al menos tres desafíos: expectativas, tiempo y convivencia. De expectativas, porque se está alimentando la idea de que el cambio sería "santo grial", capaz de transformar la vida de los ciudadanos. Mejores pensiones, salarios, salud e igualdad están en el campo de las políticas públicas, leyes y programas de gobierno. Aún ganando en legitimidad, una Constitución reformada o una nueva, no garantizará un avance si la agenda social no se implementa en leyes y programas, como tampoco la actual Constitución ha sido un obstáculo real en este o pasados gobiernos para una agenda social más activa. El segundo desafío es tiempo: priorizar cambios constitucionales es arriesgar la dilatación de soluciones urgentes. Una reforma será larga, especialmente para quienes promueven la difusa y riesgosa idea de una asamblea constituyente. El desafío, es de convivencia nacional. Si una reforma se impulsa solo con fuerza, intolerancia y violencia, será una reforma imperfecta. Se arriesga que no se produzca amplio acuerdo y se proyecte en el tiempo. Sin amplio acuerdo, será efímera. La experiencia latinoamericana demuestra que una reforma que prescinde de instituciones y abre hegemonías políticas muy fuertes, daña la democracia, porque las reglas del juego se destruyen y en ese cuadro se impone el más fuerte.

-¿Qué es un Estado subsidiario?

-El llamado Estado subsidiario respeta la libertad de las personas para organizarse, sin obstáculos del Estado, pero le impone el deber de actuar, suplir y resolver los problemas sociales allí donde la acción privada no es suficiente. La Constitución recoge estas dos caras de la subsidiariedad y le da en ambas al Estado un rol regulador. Reducir la subsidiariedad a un abstencionismo del Estado es una caricatura, porque no es lo que la Carta Política recoge. Cualquier reforma comienza con entender correctamente la subsidiariedad.

-¿Qué camino se debe seguir, si se decide cambiarla ?

-Se puede y basta seguir las reglas previstas, como se ha hecho cerca de 40 veces con la Constitución de 1980. Es algo que está al alcance de un acuerdo político transversal. Las reformas se aprueban por 3/5 de diputados y senadores en ejercicio en la mayoría de sus capítulos. En los más importantes, se reforman por 2/3 de los parlamentarios en ejercicio. En principio, no es necesario un plebiscito. La democracia plebiscitaria es riesgosa para la democracia, porque termina apabullando a las minorías. El que gana por un voto, se siente empoderado para arrasar con el otro.