Un incendio se registró ayer en la esquina de calles Bangladesh con Kuwait en el sector La Pampa. Desde el Cuerpo de Bomberos de Alto Hospicio, el capitán Raúl Tapia, comandante de guardia, contó que el primer llamado se recibió a eso de las 7.50 horas.

En total quedaron dos casas inhabitables. Una de material ligero se quemó totalmente y otra parcial por fuego y agua. Las casas aledañas tenían muros de cemento que impidieron el paso de las llamas, explicó Bomberos.

"Los primeros antecedentes que nosotros tomamos es que fue por un problema eléctrico, pero el tema está en investigación", comentó Tapia.

Al lugar concurrieron dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Alto Hospicio y tres del Cuerpo de Bomberos Santa Rosa, con una veintena de voluntarios, además de Carabineros, personal de ambulancias y apoyo municipal a través de dos camiones aljibe. El siniestro se controló tras media hora.

Cristian Contreras, encargado de emergencias de la Municipalidad de Alto Hospicio, comentó que el incendio dejó diez personas damnificadas, cinco adultos de la casa calcinada, y dos adultos, dos menores y un adulto mayor que habitaban en la casa con daño parcial.

"La dueña de la vivienda que resultó completamente afectada sufrió una caída de nivel, se tropezó, lo que le provocó una pequeña torcedura de tobillo. Fue atendida por personal de la ambulancia que llegó al lugar", dijo.

Contreras agregó que se hizo una entrega de ayuda básica de colchones, y frazadas a los afectados, quienes pasarían la noche con familiares que los acogieron por unos días.

El Tribunal de Garantía de Iquique ordenó la captura policial de Enzo Valle, quien en mayo fue condenado a cumplir un año de prisión por cuasidelito de homicidio, luego de atropellar y dar muerte a Jonathan Sánchez el 28 de abril de 2017 en la Ruta 1. La defensa presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones, el que fue rechazado.

Desde Fiscalía confirmaron que Valle tiene orden de detención para que ingrese a cumplir su condena al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio. El padre de la víctima, Juan Sánchez, expresó que "hay molestia, porque no se ha dado cumplimiento. Él es conocido en el rubro de las motos y eso nos ha llevado a las dudas, ya que es un peligro público. No vaya a ser cosa que ocurra lo que pasó con mi hijo".

Los familiares de Leolinda Muñoz y Ronny Huamanchay, madre e hijo, cuestionaron la resolución de la Corte Suprema que cambió la medida cautelar contra el imputado E. Q. A. de prisión preventiva a arresto domiciliario total. Ambos fallecieron el 13 de diciembre de 2018 cuando, en hechos que se investigan, el imputado conducía en estado de ebriedad por Lynch con Orella, momento en el que chocó al colectivo en el que viajaban las víctimas.

Kristy Huamanchay, hija y hermana de las víctimas, dijo que "para nosotros es indignante, porque es un hecho gravísimo. La ley favorece a los asesinos al volante. Esta no es una sentencia final, pero desde ya estamos viendo para dónde va".

Mauricio Torres Paredes

Sin medidas cautelares quedó el médico traumatólogo formalizado por cuasidelito de homicidio simple, tras la muerte de Fernando Aguirre de 11 años, quien falleció por una septicemia el 29 de abril de 2014 en el Hospital de Iquique, al que ingresó con una dolencia en su pierna.

Fiscalía apeló a que R. B. S. "no adoptó las medidas necesarias", para evitar el desenlace. Tras la audiencia, la madre del menor, Margarita Campillay, lo enfrentó por la muerte de su único hijo.

"Lo que yo quiero es que él, cuando vuelva a tomar una decisión, piense que detrás hay una familia. Mi hijo ya no está, pero él es quien me ha dado las fuerzas para seguir", expresó a este medio.

Contexto de 2014

Macarena Olivares, abogada de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico y defensora del imputado, argumentó que es importante remitirse al contexto del hecho.

"El 1 de abril de 2014 fue el terremoto y hay circunstancias que deben tenerse presentes al establecer las condiciones en las que operaba el hospital. El niño pasó por varias unidades y probablemente hay conductas que se pudieron haber tomado antes. Su nombre está presente porque lo atendió el último día, pero eso no significa que tiene la responsabilidad", manifestó.

La abogada apuntó a los plazos, ya que han pasado más de 5 años desde ocurrido el hecho en 2014, los que provocaron una querella en 2015.

Olivares precisó que la prescripción "es una discusión que se va a plantear. Con el tiempo transcurrido está la posibilidad latente de que la causa termine por esa vía y no con una posible condena".

Esperan juicio

El abogado querellante, Matías Ramírez, reconoció que las penas para este delito son bajas, "por lo que debería ser un procedimiento simplificado. Esperamos llegar a juicio"

Sobre la prescripción, expresó que es "discutible. Creemos que (el caso) está vigente y corresponde que él enfrente un juicio y no que tenga esta salida".

Ramírez cuestionó el argumento de la defensa, respecto a que "el laboratorio no sufrió daños para realizar exámenes básicos. El menor no requería exámenes especializados o por maquinaria que se hubiese dañado producto del terremoto. Esa justificación no tiene sentido. El hospital ya estaba operativo para esa fecha".

90 días durará la investigación según se dictaminó en el Juzgado de Garantía de Iquique.