Cinco infracciones, entre ellas venta de alcohol sin patente o sin posesión de ésta, se cursaron en un operativo nocturno desplegados en las juntas de vecinos Simón Bolívar y Barros Arana. Procedimiento que además contempló el control migratorio por parte de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) a 48 mujeres, en su mayoría extranjeras y quienes trabajan en shoperías o locales nocturnos, de las cuales dos habían ingresado en forma clandestina al país.

En el despliegue, Carabineros cursó tres infracciones: expendio de alcohol sin patente, giro diferente al otorgado y por no contar con la Ley de Alcohol al momento de la fiscalización.

En tanto, los inspectores municipales infraccionaron a la Copec de San Martín con Vivar, por tener la patente comercial vencida.

Del total de controles realizados por la PDI, 14 fueron ciudadanos bolivianas; ocho cubanas; ocho chilenas; siete colombianas; cinco peruanas; cuatro paraguayas y dos ecuatorianas.

En el operativo participaron el intendente Miguel Ángel Quezada; la senadora Luz Ebensperger, el gobernador Álvaro Jofré; el general de Carabineros, Rodrigo Vicencio; el comisario de la Primera Comisaría, Claudio Pavez; el prefecto inspector de la PDI, Cristián Muñoz; el jefe de la Prefectura Provincial de Iquique, Marcelo Méndez; y el jefe de la Inspección Municipal, Marco Salazar.

Romel J. Puche

El secretario regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos en Tarapacá, Fernando Canales, fijó su postura en relación al procedimiento judicial en el cual dos imputados por tráfico de drogas quedaron en libertad, aseverando que dicha decisión fue competencia absoluta del Tribunal de Garantía, y nada tenía que ver con la labor que desempeña Gendarmería de Chile en dichos recintos.

Canales fue enfático en indicar que "no hubo ningún error de parte de Gendarmería", señalando que la institución sólo dio cumplimiento en dejar en libertad a los encartados por decreto de la juez, Eliana Garay.

Los hechos se remontan al 11 de marzo del presente año, cuando dos hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos en flagrancia con 30 kilos de drogas y dinero en efectivo en su poder, siendo formalizados ese día por el referido ilícito.

En dicha etapa procesal la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para ambos investigados, cautelar que no fue concedida por la juez Garay, quien decretó la ilegalidad de la detención ordenando la libertad de los identificados como D.C.Y., y G.V.P.

Lo anterior fue apelado verbalmente por la Fiscalía al cierre de la audiencia y desde ese momento la decisión final quedó en manos de la Corte de Apelaciones de Iquique, quien revocó lo resuelto por Garay y ordenó el traslado de los imputados al Centro Penitenciario de Alto Hospicio.

Aunque la diligencia en dicho procedimiento establece que los imputados quedan en resguardo de Gendarmería hasta la decisión de la Corte de Apelaciones, Canales explicó que dicha orden debe venir expresamente de la juez, quien no indicó aquello limitándose solamente a ordenar la libertad. "Si la jueza decretó la libertad, Gendarmería haciendo caso de esa orden le dio inmediato cumplimiento", manifestó el seremi.

"La orden de custodiar a los imputados no fue expresa por la juez durante el control de detención, fue posterior a ello a través de un documento", precisó Canales, decisión para él emitida mucho después de la formalización, cuando los imputados ya estaban en libertad.

"Gendarmería cumple al pie de la letra la decisión del tribunal, si la orden del tribunal dice que se de la libertad, Gendarmería da la libertad, no puede haber una detención más allá del tribunal porque allí estaríamos hablando de una detención ilegal", aseveró la autoridad ministerial en la región.

"Respecto de la decisión de la juez yo no puedo dar opinión como seremi porque son poderes separados, el Poder Judicial y el Ejecutivo, no me corresponde a mi pronunciarme sobre si era procedente o no la libertad, ahora no escapa el criterio de la Corte de Apelaciones que revocó la decisión de la juez", analizó el secretario regional ministerial.