El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió iniciar el proceso de invalidación administrativa de Resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto minero Quebrada Blanca 2, ante el requerimiento del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Jiwasa Oraje, ecozona Matilla, que reclama que el proyecto no consideró una consulta indígena.
Asimismo solicita que en un plazo de 10 días hábiles la empresa se pronuncie respecto de la solicitud de invalidación, alegando lo que consideran procedente en defensa de sus intereses.
La resolución del SEA responde a un requerimiento hecho por la organización de Matilla el pasado 27 de noviembre en contra de la determinación del organismo ambiental de calificar favorablemente el estudio de impacto ambiental de "Proyecto Minero Quebrada Blanca Fase 2".
Los comuneros señalaron en la oportunidad que el acto adolecía de ilegalidad al no cumplir la norma legal vigente de respetar el Convenio 169 de la OIT por no considerarlos en el proceso de consulta previa indígena, dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental.
La empresa minera, a través de Teck Resources Chile, señaló que la resolución fue notificada por carta certificada a Teck para que, "dentro del plazo de diez (10) días hábiles se pronuncie respecto del recurso. Dicho plazo se encuentra en curso".
Asimismo informó que Teck ha emprendido un sólido proceso de participación con las comunidades y agrupaciones indígenas dentro del área más amplia del proyecto.
La compañía cuprífera planteó que quienes han presentado el requerimiento no están en el área de desarrollo del proyecto: "Hemos llegado a acuerdos con las ocho comunidades en el área del proyecto y estamos comprometidos a mantener relaciones sólidas y de beneficio mutuo. Es importante tener en cuenta que los grupos que han presentado estos reclamos no están dentro del área del proyecto".
También solicitó consultar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) "para que explique el proceso y clarifique la información que han recibido".
El proyecto Quebrada Blanca 2 tiene por objetivo aumentar la producción de cobre de Quebrada Blanca y extender su vida productiva en más de 30 años. El proyecto considera una producción de 240.000 toneladas de cobre en concentrado y 6.000 toneladas de molibdeno en concentrado.
Desde la Seremi de Medio Ambiente señalaron que la resolución del secretario (s) de la comisión de evaluación de Tarapacá sólo dice relación a que la solicitud presentada por las agrupaciones indígenas se interpuso dentro del plazo que establece la ley y ante el órgano competente. Sobre el fondo de la solicitud, esta debe ser analizada en el procedimiento establecido en la Ley 19.880. Dicha solicitud se enmarca en la facultad que el ordenamiento jurídico contempla en su legislación administrativa.
Subsanar errores
La consejera ADI Catalina Cortés dijo que no se oponen al progreso, pero la empresa debe respetar a las organizaciones indígenas. Asimismo precisó que hay un procedimiento administrativo que deberá la minera cumplir y en el marco de las resoluciones no descartan recurrir al tribunal ambiental. Cortés enfatizó que no se oponen al progreso, pero "se requiere una consulta indígena y aprobar el proyecto sin ésta es un error. Confiamos se puedan subsanar estos errores".