Karina Sánchez

Ayer quedaron en libertad las tres personas que habían sido detenidas por el presunto delito de secuestro de un trabajador. El principal sospechoso de haber cometido este delito en Iquique, un ciudadano colombiano, se dio a la fuga y no han logrado dar con su paradero.

Luego de que el sábado pasado el Ministerio Público solicitara la ampliación del control de detención, a fin de recabar más información para determinar la responsabilidad o no de los tres imputados en el hecho, ayer se les formalizó por el delito de "amenazas y lesiones menos graves" en contra de la persona que acusa haber sido secuestrada desde el lugar de su trabajo.

Las medidas cautelares que la magistrada Eliana Garay decretó fue la orden de alejamiento de la víctima y arraigo nacional, mientras que el plazo de la investigación quedó fijado en 90 días.

La fiscal Virginia Aravena informó que al parecer la víctima había solicitado prestado a un ciudadano de nacionalidad colombiana la suma de $400 mil y que cada semana debía pagar $46 mil de intereses aproximadamente, dinero que comenzó a pagar, pero hubo un momento en que no lo hizo y por eso habría sido secuestrado.

Asimismo, desde la Fiscalía se conoció que la víctima desapareció después de entregar su versión a Carabineros y de sindicar como parte del secuestro investigado a la familia chilena que pasó a control de detención, además de reconocer la foto del colombiano en el pasaporte hallado cerca del lugar de los hechos,

Se presume, según la Fiscalía, que la víctima está escapando del prestamista y sospechoso de ser el autor del secuestro denunciado, ya que se le trató de ubicar en su lugar de trabajo y en su domicilio, pero no fue posible localizarlo.

La jueza Garay decidió que sean los tribunales de Iquique los encargados de darle seguimiento al caso, pues el hecho comenzó en la capital regional y finalizó en Alto Hospicio.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación y mantuvo la multa de 1.000 UTM, equivalentes a $48 millones 353 mil, aplicada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Tarapacá a Aguas del Altiplano S.A. con fecha 9 de agosto de 2013.

En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal (integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Arturo Prado y el abogado (i) Pedro Pierry) acogió el recurso de casación del fondo deducido y, en sentencia de reemplazo, ratificó la resolución que aprobó la sanción a la empresa sanitaria, tras establecer que las facultades fiscalizadoras de la Seremi de Salud coexisten con las de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

"La trascendencia de lo expuesto radica en que la sanción reclamada en autos no deriva únicamente de la circunstancia de haber permitido el vertimiento de aguas servidas a las vía pública, sino que ésta se impone por no adoptar medidas inmediatas de desinfección del lugar, permitiendo la contaminación de juegos infantiles, aceras y calzadas", afirma.

A lo cual se agrega que: "En este aspecto, se debe ser enfático en señalar que las normas contenidas en la Ley N° 18.902 y DFL N° 382/1988 del MOP, antes transcritas, no pueden impedir que la autoridad sanitaria efectúe las fiscalizaciones dentro del área de su competencia (...) máxime si el objetivo de la fiscalización es distinto, pues la Superintendencia de Servicios Sanitarias fiscaliza y sanciona en cuanto el hecho provenga del incumplimiento de la normativa que regula la actividad que ha sido concesionada".