Naguib Danilla Segovia - La Estrella de Iquique
Discordancias en artículos del instrumento presentado y cambios insuficientes son parte de las observaciones encontradas el pasado 13 de noviembre por Contraloría General de la República al Plano Regulador Intercomunal (PRI) de la Región de Tarapacá, proyecto de que data del 2009.
Cuarta objetación al documento que pretende regular el territorio regional en un horizonte de treinta años, sustentado en un diagnóstico físico y ambiental, que reconozca las tendencias de crecimiento del sistema urbano.
En el dictamen de Contraloría se expone que el instrumento de planificación -entre otras cosas- no previó "la correspondiente Zona de Protección Costera". Agregando también que "las construcciones destinadas a equipamiento de salud, educación, seguridad y culto -cuya carga de ocupación sea inferior a 1.000 personas- se entenderán siempre admitidas cuando se emplacen en el área rural (...) lo que se ha omitido consignar".
Estas precisiones por parte de Contraloría fueron acompañadas por otros reparos del organismo, donde se hallaron modificaciones innecesarias e incongruencias en algunos artículos del PRI.
"Cualquier proyecto de este tipo nunca se ha observado tantas veces. Hay un problema importante de base. El principal es a mi parecer el tema de la densidad habitacional que está planteando el PRI. El PRI lo que está haciendo es bajar la densidad actual, que es lo que se puede habitar por hectárea en una ciudad. Lo está bajando a 800 habitantes por hectárea. Esa reducción es lo que frenaría el desarrollo completo de una ciudad", dijo el arquitecto Christopher Frank.
Patricio Pavez, consultor de Sigel Group Consultores Inmobiliarios, agregó que el tema de las densidades del PRI no "ha tenido un debate serio".
"La gente tiene que entender que la discusión de las densidades va a afectar a futuro el precio de las viviendas y los valores. En el fondo, la densificación, no llevada al extremo, es un buen mecanismo para reducir el impacto de los valores del suelo y lograr que las viviendas sean más accesibles", lanzó.
Atraso
Pero la mayor afección de esta objetación al PRI -según Pavez- es el retraso que le generaría al Plano Regulador Comunal (PRC). "El PRI aprobado reduce los tiempos y los plazos de aprobación de un PRC. Hoy con esta observación al PRI, lo que podemos visualizar es que probablemente esto arrastre los plazos (del PRC) en cuatro años más".
Desde el Minvu, organismo mandante del instrumento, sostuvieron que su equipo de profesionales está trabajando junto a la consultora contratada, para dar respuesta a las observaciones al PRI. "En un primer análisis, aquellas estarían en el ámbito de una mayor precisión en el estudio de riesgo y su normativa", acotaron.
Aclararon que estas observaciones no son un "rechazo" por parte de la Contraloría, las que formarían parte del proceso de toma de razón. "Esta situación también las han experimentado otros instrumentos de planificación territorial hoy vigentes (como) el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso y el PRI del Limarí", concluyeron.
2009 es el año de inicio de este proyecto que ha tenido cuatro observaciones técnicas.