Las disposiciones generales de la ley, el código de aguas, ideas de protección, conflictos jurídicos y cualquier duda interpretativa del proyecto de reforma fueron las temáticas que se desarrollaron en la taller gratuito de ocho horas, organizado por la Unidad de Agua y Tierra de Conadi.

Entre las comunidades presentes estuvieron: Miñe Miñe, Lirima, Tarapacá Alto y Bajo, Toconao, Chusmiza, Pozo Almonte, Usmagama, Mocha, Laonzana, Pica, Huarasiña y Cariquima.

Este taller práctico y teórico fue la instancia para conocer los cambios del código de aguas sobre temas de aguas superficiales, aguas subterráneas, canales de regadío y otros.

Cristian Espíndola, representante de la Comunidad Atacameña de Toconao, manifestó que, "el taller es un reforzamiento en el aspecto educativo, pero también estamos aquí para entregar parte de lo que somos, como podemos aportar como comunidad indígena a esta reforma del código de aguas, que es importantísima, vivimos del agua ancestralmente desde hace 11 mil años, hay estudios que lo avalan, es el recurso más importante para la vida. Creemos que el valor y el uso del agua debe ser restructurado, tomar medidas y hacer racionamiento a las mineras, por ejemplo".

Desde hace tres años que se reúnen los representantes de las diferentes comunidades Aymaras, Quechuas, Diaguitas, Licanantay, Collas, entre otros, los cuales plantean la necesidad de realizar la consulta al proyecto de modificación del Código de Aguas respetándose así, el Convenio 169.

Crismary Castillo Marengo

"Somos treinta casas, pero en cada hogar casi siempre hay dos familias. En total hay sesenta niños que vivimos desde hace cuatro años acá", explicó Giovanna Jorquera, delegada del barrio transitorio de Emergencia de Pozo Almonte, ubicado en calle La Tirana.

La situación que describió Jorquera es crítica, dado que en el barrio los niños no tienen dónde jugar y en las casas, la madera de los baños se está llenando de baratas. "Tienen un sueldo de 300 mil pesos y ¿quién puede arrendar con ese dinero y vivir teniendo niños?. Hemos ido a Serviu y le hemos planteado nuestra inquietud de postular y de Pozo no están recibiendo a nadie", contó.

Jorquera añadió que según lo que le había informado el gobierno anterior "tendríamos una solución habitación y no la hay. Ya comenzaron con estos casos sociales y luego, vendremos nosotros. Ese es nuestro miedo".

A su juicio a Iquique y Alto Hospicio sí les está ofreciendo solución. "Nosotros por estar en Pozo somos otra cosa. Lo único que esperamos es tener una casa digna para nuestras familias", expresó Jorquera.

Desalojo

Al respecto, el gobernador del Tamarugal, Luis Tobar, confirmó el desalojo. "Los tres casos sociales de Pozo Almonte fueron ingresados al programa Barrio Transitorio de Emergencia entre el año 2016 y 2017 (durante el gobierno anterior), y de acuerdo al informe socioeconómico, realizado por las profesionales del área, se constató que estos casos actualmente se encuentran con una modificación socioeconómica respecto de su situación inicial", contó Tobar.

El gobernador indicó que lo anterior dio paso a su ingreso al barrio transitorio en calidad de caso social y no como damnificados del terremoto del 1 y 2 de abril del 2014.

"El pasado sábado, las personas fueron notificadas por carabineros y aún no se produce el desalojo, sin embargo, las familias hoy llegaron a la gobernación del Tamarugal a dar un ultimátum para que la resolución de desalojo sea anulada, ya que de lo contrario, se encadenarán a las viviendas", cerró.

2014 se coformó el barrio transitorio de emergencia en Pozo Almonte.