Desde Tarapacá, hacemos un llamado a las autoridades, en especial legisladores y al Ejecutivo, a que tomen en serio la responsabilidad que tienen como administradores del Estado de proteger el derecho a migrar, y los derechos que tienen todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad: salud, vivienda, educación y trabajo, entre otros. Desde esta región fronteriza somos testigos de la vulneración de derechos que viven a diario en este país las personas migrantes, así como quienes circulan entre dos naciones como estrategia de sobrevivencia. Vulneración que comienza por la legislación migratoria vigente que infunde odiosidad, produce irregularidad administrativa y carece de enfoque de derechos. Asimismo, observamos cómo cada día crece en la opinión pública la sensación de que la inmigración en Chile es un problema; discursos fomentados por figuras públicas y medios de comunicación.
Hace cuatro años participamos en un proceso consultivo, dirigido por el Departamento de Extranjería y Migración, el que sentó las bases de un anteproyecto de ley que después de haber sido redactado y discutido con la ciudadanía interesada en la temática, fue reemplazado de forma arbitraria por un anteproyecto redactado entre cuatro paredes, en la Subsecretaría del Interior, que presenta incoherencias respecto a lo que se propone normar.
Necesitamos una nueva ley migratoria, que permita mejorar las condiciones de vida de las personas migrantes y que regule de forma adecuada el ingreso al país, para que se respete el derecho a la libre movilidad de quienes ven en Chile una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.
Ningún país ha logrado frenar la migración laboral poniendo barreras en el ingreso, solo han promovido más irregularidad y mayores riesgos de abusos, robos, secuestro, mutilación o muerte. Sería un crimen institucional seguir esa misma lógica. La nueva ley debe asegurar un sistema de visas que fomente la regularización, para que todos quienes deseen trabajar tengan la posibilidad de contar con un contrato que les permita acceder a sus derechos sociales, hoy negados a tantas personas a las que nadie hace un contrato por no tener visa.
Mantener a una población en condiciones materiales infrahumanas, despojada de derechos y estigmatizada por discursos político mediáticos sólo conduce a que los niños y niñas de esas familias, que hoy viven, crecen, estudian y juegan en Chile, expresen en el futuro el resentimiento que cultivaron mientras vieron que humillaban, maltrataban, despojaban o expulsaban a sus familias. Queremos una sociedad abierta al mundo, solidaria y respetuosa de la vida de las personas, sin importar donde nacieron, el color de su piel, la forma de su cuerpo o el idioma que hablan.
Asamblea de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá.
