Hasta la Contraloría Regional llegaron los alcaldes de Tarapacá a renovar el convenio con el Consejo para la Transparencia que mejora los niveles de acceso a la información e incentiva la participación ciudadana, el uso de datos abiertos y la protección de información personal.

"Vinimos a la región a renovar un compromiso para seguir implementando y profundizando políticas de transparencia en la gestión municipal", explicó el director general del consejo, Raúl Ferrada.

El alcalde de Huara, José Bartolo reconoció que "la transparencia es muy importante para la comuna. Nos ayudará mucho para que las personas de los pueblos estén claras en los gastos, la gente contratada y todos los movimientos que hagamos".

Según el consejo, la Municipalidad de Iquique está entre las entidades con mayor cantidad de solicitudes ciudadanas (796 entre 2013 y febrero de 2017), aunque con altas cifras de denegación o entrega incompleta (20 entre abril de 2009 y marzo de 2017).

"La ciudadanía está pidiendo transparencia en los actos públicos, conocer qué pasa en los municipios y por eso este compromiso. Esperamos cumplirle a todos los ciudadanos que pidan información. Estamos mejorando los canales y vamos a preocuparnos de mejorar esos índices", dijo el alcalde de Iquique, Mauricio Soria.

Al acto acudieron los alcaldes de Iquique, Mauricio Soria, Huara, José Bartolo, Alto Hospicio, Patricio Ferreira, Pica, Iván Infante y Pozo Almonte, Richard Godoy, junto a funcionarios municipales.

Ximena Araya Monroy

Un 97% de cumplimiento en transparencia activa obtuvo el municipio de Pozo Almonte, siendo el más alto de la región en una medición efectuada en las municipalidades y órganos públicos durante 2016, en la cual la totalidad de las administraciones municipales subieron sus indicadores en relación a 2015.

Aquella información (transparencia activa) es la que obligadamente los servicios públicos deben tener a disposición de las personas, como antecentes sobre la organización, personal, funcionamiento y servicios que presta.

Según detalló el Consejo para la Transparencia, esta medición que se efectúa a través de un seguimiento de las diversas páginas web de los servicios públicos, en cuanto a la actualización de sus datos y qué tipo de antecedentes ponen a disposición, arrojó que la región en esta oportunidad obtuvo un promedio de cumplimiento de un 72%, ubicándose décima entre las quince regiones del país.

"Cuando partió la ley, el año 1999-2000 había un 30% de conocimiento y aplicación de nuestro programa por los municipios y ahora está llegando a un promedio de un 80%... ha habido un notable incremento", resaltó el presidente del Consejo para la transparencia, José Luis Santamaría.

Sin embargo, dicha medición dio a conocer un escaso nivel de cumplimiento en las corporaciones municipales, siendo la más baja la Corporación de Pozo Almonte con un 39%.

Una situación que el director general del consejo, Raúl Ferrada, dijo que no es aislada, ya que aún persiste un bajo cumplimiento en estas entidades de derecho privado que poco a poco han ido mejorando, ya que al entrar en vigencia la ley se dio la discusión si les correspondía o no cumplir con la norma.

El alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy, lamentó este indicador y expresó, "demuestra que la gestión anterior no hacía las cosas con claridad en la Cormudespa. Queremos remediar esta situación a la brevedad posible".

Por otro lado resaltó el alto nivel de cumplimiento del municipio en transparencia activa, que aseguró es mérito de los funcionarios.

órganos públicos

En cuanto a los órganos centrales, la Gobernación Provincial de Iquique y la Intendencia de Tarapacá obtuvieron un 100% de cumpliento. Los peores evaluados fueron el Servicio de Salud de Iquique y el Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames, con un 33% y 32% de cumplimiento respectivamente.

Finalmente en relación a las empresas públicas, EPI obtuvo un 100% y Zofri un 99%.

El VIII Estudio Nacional de Transparencia realizado por el CPLT evidenció una preocupante situación en cuanto la credibilidad de las instituciones en Tarapacá.

Esto porque a nivel nacional ante la consulta ¿qué tan transparentes son los funcionarios públicos?, un 18% respondió afirmativamente, mientras que en la región el porcentaje llegó al 7%. En tanto, la misma pregunta enfocada en la transparencia de los organismos públicos, un 17% a nivel nacional respondió afirmativamente y en la región solo el 6% piensa que los servicios públicos son transparentes.

Finalmente un 39% dice conocer la ley, pero solo un 10% la ha usado.