Mauricio Torres Paredes

La Corte de Apelaciones ordenó a la Municipalidad de Iquique el pago de mil 105 millones 867 mil 278 pesos a la empresa Espacio y Jardín Limitada, como indemnización tras poner fin anticipado al contrato, y $5 millones por daño moral.

El hecho se remonta al 25 de junio de 2012, cuando la alcaldesa Myrta Dubost suscribió un contrato con la empresa para la provisión, instalación y mantención de mil macetas ornamentales, con agua incluida, en postes de luz en las calles de la ciudad, pero el 13 de noviembre de 2013, con el alcalde Jorge Soria, se puso término anticipado al contrato.

Según determinó el tribunal, durante junio, julio y agosto de 2013, el municipio aplicó multas a la empresa sin que se haya verificado el incumplimiento de sus obligaciones, además cada multa excedió las 5 Unidades de Fomento permitidas en las bases. Aunque la casa edilicia podía apelar al fin anticipado si el monto acumulado de multas aplicadas a la empresa superaba el 5% del valor del contrato, eso no se verificó.

La corte acogió la indemnización por los 46 meses que faltaron de cumplimiento, y por daño moral, ya que el municipio instaló a la empresa como una entidad irresponsable y poco prolija.

Adjudicación

Originalmente el proyecto tuvo una inversión mensual de $24.040.593 por cinco años y su adjudicación fue votada por el concejo municipal el 29 de mayo de 2012 con la aprobación de los entonces concejales Iván Pérez, Francisco Prieto, Flavio Rossi, Álvaro Jofré y José Lagos. María Inés Macchiavello, Arsenio Lozano y Guillermo Cejas la rechazaron.

Los únicos concejales de esa época que hoy se mantienen en sus cargos, se mostraron preocupados, aunque dijeron estar confiados en una eventual apelación judicial.

Cejas manifestó que a priori es lamentable "porque perjudica las arcas municipales" aunque más enfático fue Lozano.

"Se veía muy bonito, pero el costo para la época era demasiado alto. Siempre que nos demandan y no transamos, nos sale más caro. Si no se indemniza a la buena, nos sale más caro", comentó.

Desde la Municipalidad de Iquique comunicaron que "se agotará la instancia judicial mediante la interposición de los recursos que la ley provee, toda vez que, a nuestro entender, nos asiste el derecho y será la Corte Suprema quien defina las pretensiones de las partes".

5 millones de pesos, deberá pagar el municipio de forma adicional por "daño moral".

El nuevo concejo mantuvo la dieta mensual de la instancia anterior, fijándola en el máximo legal de 15,6 Unidades Tributarias Mensuales (cerca de $720 mil) por un mínimo de tres sesiones ordinarias al mes más sesiones extraordinarias y reuniones de trabajo.

"Los concejos duran casi todo el día y tenemos que pedir permiso en nuestros trabajos", argumentó la concejala Daniela Solari, mientras su par Claudia Yáñez explicó que "me hubiese gustado que fuera menos, porque uno debe estar por vocación, pero me sumé a la mayoría ya que esos mismos recursos se utilizan en donaciones y ayuda social".

El único en rechazar fue Matías Ramírez, pues a su juicio "no se establecieron criterios para determinar el máximo de la dieta. Por ser capital regional, nada más". La ley establece un parámetro entre 7,8 y 15,6 UTM.

Con diez votos a favor, el Concejo Municipal de Iquique aprobó por unanimidad una auditoría externa al municipio, tras ser solicitada por los concejales Daniela Solari, Claudia Yáñez, Domingo Campodónico, Felipe Arenas, Mitchel Cartes y Juan Lima.

Además se aprobó auditar a las corporaciones municipales de deportes y desarrollo social, punto en el que hubo reparos, pues el asesor jurídico de la casa edilicia explicó que la Ley de Municipalidades y un dictamen de Contraloría solo permiten auditorías en municipios y no en corporaciones. Los concejales Octavio López, Matías Ramírez, Guillermo Cejas y Arsenio Lozano rechazaron esa petición.

"Me llama la atención que algunos digan que están por la transparencia para finalmente rechazar este tipo de cosas. El que nada hace nada teme", acusó Arenas.

Ramírez aseguró que "no hay doble discurso. Aprobé la del municipio porque se puede. Si Contraloría dice que no se puede aprobar una auditoría a las corporaciones, quienes incurren en irresponsabilidad son los concejales. La ley permite pedir informes y yo los pedí".

Respecto a la auditoría al municipio, Cejas expresó que "si algún concejal tenía dudas, es oficioso que se haga una auditoría externa para ver el balance de los últimos cuatro años. Tengo la certeza que no se encontrará ninguna sorpresa. La administración de Jorge Soria fue una de las mejores en el sentido financiero".

"Nos piden aprobar plata pero no nos permiten fiscalizar. Yo quiero hacer lo que quiere la gente, partir una administración con las cuentas claras", dijo Mitchel Cartes.