Con el descubrimiento de una placa conmemorativa de la Casa de Acogida de Iquique, la subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Bernarda Pérez y la intendenta Claudia Rojas, realizaron una visita al nuevo dispositivo para mujeres en riesgo vital y víctimas de violencia grave derivadas del Poder Judicial.

Se trata de una iniciativa presidencial implementada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de Tarapacá, en convenio con la Gobernación Provincial de Iquique.

En la ocasión se realizó un recorrido por las dependencias, habitaciones, zonas comunes y conocer a las profesionales que se dedicarán con vocación en la recuperación y protección de las mujeres víctimas de violencia grave en la región.

Ximena Araya Monroy

Cien casos de mal uso de subsidio de arriendo destinados a los damnificados por el terremoto de abril de 2014 han sido pesquisados por parte del Ministerio de Desarrollo Social, que los ha remitido al departamento jurídico de la Intendencia y derivados a la Fiscalía.

Según informó la Secretaría Regional Ministerial de esta cartera, en 2014 a propósito de la emergencia se entregaron 3.200 subsidios de arriendo y a la fecha siguen vigentes 1.202, que corresponden a propietarios que esperan la reconstrucción o reparación de viviendas.

Fiscalización

A la fecha se han fiscalizado 600 subsidios, de los cuales en 100 casos se detectó que no se hacía un uso debido de bonos o beneficios entregados por el Estado.

La seremi de Desarrollo Social, Mariela Basualto, destacó que los subsidios de arriendo post terremoto se entregaron por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet con el objetivo de ayudar a las personas que resultaron con sus viviendas dañadas e inhabitables. "Por eso nuestro compromiso es cumplir con este objetivo y fiscalizar que los recursos estatales se destinen para lo que fueron acordados... al no cumplir con las exigencias de vivir en un inmueble arrendado mientras se somete a restauración la vivienda, se les suspende el beneficio y se envía al departamento jurídico de Intendencia para ser derivado al Ministerio Público", enfatizó la autoridad.

Desde el servicio explicaron que el modus operandi detectado es que las familias siguen viviendo en las casas que han sido declaradas inhabitables e igualmente utilizan el subsidio de arriendo.

En algunos casos la defraudación de recursos bordearía los 9 millones de pesos, ya que los usuarios recibieron el beneficio desde el inicio de la emergencia. Quienes han caído en esta situación han sido detectados a través de estas fiscalizaciones, pero también derivados por otros servicios como Serviu o Minvu.

Fiscalía

Desde el Ministerio Público informaron que se realizan investigaciones tanto en Iquique como Alto Hospicio de este tipo de casos, que fueron enviados a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

En Iquique ya se formalizó a una mujer por el delito de obtención fraudulenta de subsidio habitacional, quien está con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

Las penas para quienes sean encontrados culpables pueden ir desde los 61 días de cárcel a los 5 años, dependiendo del monto defraudado.