Las encuestas de popularidad de la Presidenta se mantienen pertinaces en un nivel bajo. Hasta enero su equipo de propaganda la mantuvo si no oculta, al menos tras bambalinas de los bochornos del año pasado, excepto la peregrina idea de un documental con eventos considerados buenos por su 27% de adherentes. A vuelta de vacaciones, se le ha mostrado en inauguraciones, en jardines infantiles, inicio de actividades escolares y otras, donde luce su natural simpatía con una sonrisa radiante y señas de amistad, apelando a sentimentalismos populistas, con las que ganó en su candidatura. Su equipo comunicacional aún no entiende que en el actual estado de cosas del país, se necesita que a la cabeza del Ejecutivo se le vea trabajando con sus ministros, supervisando las acciones para combatir los flagelos, tales como la delincuencia, la salud pública, la flaca economía, el terrorismo en la Araucanía, y solo así podría repuntar; los chilenos dejaron de creer en imágenes creadas, quieren soluciones.

Marcos Concha Valencia

En atención a la polémica circular de la Superintendencia de Educación que señala que no se podrá alejar de las clases a alumnos debido a que no vistan el uniforme escolar o no cumplan con los horarios, entre otros, resulta pertinente recordar que la libertad de enseñanza se encuentra consagrada en nuestra Constitución e igualmente el mecanismo a utilizar cuando aquella se vea pasada a llevar, siendo nuestros tribunales competentes para pronunciarse. Así, v. gr., hace unos años la Corte de Apelaciones de Santiago en Rol N° 8372-05, ratificado por la Corte Suprema en Rol N° 965-2006, rechaza un recurso de protección puesto contra un colegio santiaguino, el cual decide no renovar la matrícula a un alumno, a pesar de haber sido realizado el pago de la misma. El argumento del colegio fue que el alumno no daba testimonio del proyecto educativo.

Además, si las sanciones que puedan llevar a cabo las escuelas contra los estudiantes se originan en el no cumplimiento de lo pactado, nos encontramos ante un conflicto que tribunales civiles pueden resolver sin problema alguno.

No le vaya a ocurrir al Gobierno que a partir del presente año escolar se verifique un peregrinar de sostenedores y apoderados por tribunales, del cual se desprenda que la Ley de Inclusión y la circular de la Superintendencia de Educación están equivocadas.

Iván M. Garay Pagliai,

director ejecutivo

Cheque Escolar.