E l mismo lunes en que fue concretado el cónclave de la Nueva Mayoría, la fuerza política oficialista, fueron conocidos los resultados de la encuesta Adimark, la que mostró un preocupante rechazo a la figura de la primera autoridad del país.

La Presidenta Michelle Bachelet sumó un 70% de rechazo, una cifra histórica y mala para ella y para Chile. El respaldo a la Jefa de Estado llegó al 26%, igualando el peor registro de Sebastián Piñera a inicios de 2012.

Versiones para explicar lo ocurrido hay muchas y pasan por los problemas que ha tenido el gobierno para comunicar e implementar las reformas, las dificultades económicas de hoy, hasta asuntos más complejos, como el caso Caval, donde se involucra a Sebastián Dávalos, hijo de la Mandataria.

A lo anterior se suma el contexto de una clase política en desprestigio y casi en el ostracismo de la desconfianza, sumando a izquierdas y derechas.

En resumen, es un mal cóctel, que podría explicar en gran parte lo acontecido.

Sin embargo esta crisis -y pueden haber distintas evaluaciones respecto a la magnitud- ofrece la oportunidad de observar nuestro presente y elegir un camino conjunto para salir del atolladero. Es cierto, no es sólo un tema de voluntad, se requieren grandes acuerdos, conectar con las sensibilidades de la gente y encontrarnos más en lo que nos une, que en aquello que nos diferencia.

No es motivo de este escrito discutir acerca de las bondades o perjuicios que tendrán las propuestas legislativas del gobierno. Lo verdaderamente inquietante es el extravío en el que hoy parece Chile. ¿Será aquello lo que castiga el ciudadano respecto de la figura presidencial?

Debe insistirse. Es malo que la Presidenta enfrente este escenario, tal como lo fue malo con el exPresidente Sebastián Piñera.

Fenómenos políticos de este tipo son indudablemente complejos para la institucionalidad, pero propios también de la modernidad, de una ciudadanía más difícil, empoderada, conectada y crítica hasta lo doloroso.

Y nada de eso ya es posible de revertir.

La necesidad de coordinación de las instituciones que se relacionan con el ámbito de la seguridad pública, es hoy un elemento central para enfrentar los índices de delitos. Dicha coordinación no solo debe depender de la voluntad, sino de las facultades que le otorga la ley a cada nivel institucional, ya sea este en el ámbito nacional, regional o comunal. Nuestro país adolece de una ley marco en materia de seguridad pública, más bien los diferentes actores, actúan desde campos de acción específicos que les brindan sus respectivas normas reguladoras.

En nuestra región, es posible visualizar al menos cuatro aspectos en los cuales se debe avanzar: mayor coordinación institucional, mayor participación en la inversión pública; generación de conocimiento y formación de recursos humano, y la necesidad de contar con un modelo de persecución penal y policial inteligente. Respecto de la coordinación, la institucionalidad local, deberá considerar la articulación respecto del ámbito de control del delito, prevención de la criminalidad y asistencia a víctimas. Para lograr ese objetivo, un instrumento esencial, corresponde al diseño de planes de acción con pertinencia territorial, y al cumplimiento efectivo de los compromisos institucionales y con mecanismo de accountability.

Es necesario dar una mirada estratégica a la inversión del Fndr, considerando el financiamiento de tecnología para el combate al narcotráfico; la generación de estudios y formación de recursos humanos especializados; y la inversión en espacios públicos con perspectiva de seguridad pública. Otro aspecto a reforzar, son los programas de prevención del delito y apoyo a las víctimas, así como también la inversión en programas de reinserción social. una tarea esencial, es el involucramiento de los centros de conocimiento en el estudio de la experiencia acumulada respecto de fracaso y éxitos, su sistematización y el impulso para la formación de recursos humanos especializados. Finalmente, ante las altas tasas de criminalidad en la región, es evidente la necesidad de implementación de modelos de gestión en la persecución penal y policial inteligente, a fin de orientar los esfuerzos policiales a resultados concretos, considerando la realidad particular de cada barrio de la región. Lo anterior debe ir acompañado del fortalecimiento de la acción del Ministerio Público, aumentando el número de fiscales dedicados a la investigación criminal.