Las condiciones que solicitó la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para desbloquear la tramitación del proyecto de carrera docente, y que habrían sido aceptadas por el ministro de Educación, debilitan mucho la posibilidad de establecer un sistema en que el avance de los profesores en la carrera docente esté vinculado a los aprendizajes de los estudiantes.
La experiencia internacional muestra que, aisladamente considerados, los aumentos salariales de los docentes no son solo costosos, sino también inefectivos. Esto no significa que haya que olvidarse de elevar las remuneraciones de los profesores, particularmente si ellos son bajos respecto de otras profesiones. Sí, en cambio, obliga a pensar en cómo estas deben incrementarse para asegurar que aporten a la calidad.
Al respecto, parece importante, por un lado, vincular las compensaciones y los avances en la carrera con los aprendizajes de los estudiantes y, por otro, desarrollar políticas razonables de contratación, apoyo y desvinculación de profesionales que se relacionen con la efectividad demostrada. Por cierto, cuáles sean las mejores formas de medir dicha efectividad es algo discutible, pero eso no significa que se deba abandonar esta idea, sino más bien estar abiertos a su perfeccionamiento continuo.
Sin embargo, las condiciones de la Comisión de Educación de la Cámara bajan las exigencias para avanzar en la carrera docente a los futuros profesores y para encasillar a los actuales en los diversos tramos. Al mismo tiempo, no se proponen alternativas que permitan establecer el vínculo con los aprendizajes de los alumnos.
A pesar de estas concesiones, el Colegio de Profesores decide seguir en paro argumentando que no hay un compromiso real del titular de Educación o que el planteamiento de los congresistas es insuficiente. Hay un enorme riesgo de que los importantes recursos que se están destinando a este proyecto -dos mil 300 millones de dólares en régimen- no produzcan ningún efecto en la calidad de la educación. Los representantes de la ciudadanía tienen el deber de velar por el interés general, que no es cautelado por el Colegio de Profesores, y enfrentar con decisión los intereses específicos y no doblegarse ante ellos.