El Tribunal Constitucional (TC) suspendió ayer la investigación que lleva adelante la Fiscalía Nacional por la arista Soquimich (SQM) del caso Penta. Esto, luego que la Segunda Sala de esa instancia acogiera a trámite el requerimiento presentado por el ex gerente general de la compañía minera, Patricio Contesse, quien el lunes fue desvinculado de su cargo.

De esta forma, el proceso -que indaga presuntos delitos tributarios vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas- quedó suspendido hasta el próximo 25 de marzo, fecha en que se programó la audiencia donde se discutirá la admisibilidad del recurso, presentado por el abogado de Contesse, Samuel Donoso.

Con la resolución del TC -que suspende cualquier actuación, resolución y autorización relacionada a medidas intrusivas-, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago no podrá pronunciarse, por ahora, en la solicitud de entrada y registro de las oficinas de SQM y a la incautación de información contable comprendida entre 2009 y 2014 requerida por el Ministerio Público.

El recurso del abogado de Contesse se basa en la inaplicabilidad de inconstitucionalidad que a juicio del recurrente existe en la actuación del Ministerio Público, al solicitar información reservada a la empresa sin una querella o denuncia por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La acción fue presentada como una medida para dilatar la entrega de los datos comprendidos por la firma con los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias, luego que el Juzgado de Garantía declarara inadmisible la cautela de garantía presentada por Contesse para frenar la diligencia y esperar una orden del tribunal para concretarla. J

Tres cheques por un total de $2.510 millones que debían pagarse a Caval por la venta de un terreno en Machalí incautó esta semana la fiscalía, como parte de la investigación por presunto fraude que solicitó en una querella el comprador del predio, Hugo Silva, en contra de a la sociedad de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.

El fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, informó que uno de los documentos es por $2.000 millones pagados por Silca; y dos son de una sociedad de Silva por cerca de $510 millones como parte de la venta de dos sitios en Requinoa, y que también estaban involucrados en la negociación con Caval.

Los documentos quedaron incautados en una notaría. "Esto es una pausa para evitar que el negocio continúe", dijo Toledo, agregando que ello se mantendrá hasta aclarar si hubo el fraude que acusa el comprador.

Silva acusa que el escándalo político generado por el caso trabó un eventual cambio del plan regulador, que era lo que justificaba el pago de los $6.500 millones. J