Contraloría detecta que 12 funcionarios públicos usan terrenos en forma ilegal
Ocupaciones en sector de Playa Quintero, La Virgen de Punta Gruesa y Playa Blanca.
La Contraloría de Tarapacá, a través de un informe emitido el 27 de agosto de 2019, en el marco del levantamiento de información anual a la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales, Gobernación Marítima, Intendencia, Gobernación de Iquique, Ministerio de Vivienda, Servicio de Salud y Capitanía de Puerto, detectó que doce funcionarios públicos a contrata, planta y algunos de ellos a honorarios, mantienen ocupados terrenos en el borde costero en forma ilegal en la región.
Asimismo, el documento establece que Bienes Nacionales entregó un catastro de ocupaciones ilegales en el borde costero, donde existen 43. No obstante, el análisis de Contraloría determina que hay cinco ocupaciones ilegales en Pisagua, comuna de Huara, sin registrar.
Ilegales
De acuerdo al informe N°377 de Contraloría, ocho ocupaciones son de tipo ilegal y se ubican mayoritariamente en Playa Quintero y Playa Blanca. Mientras que dos son de tipo irregular y están en el sector de La Virgen de Punta Gruesa.
Los funcionarios públicos detectados en esta situación de ilegalidad por casas construidas pertenecen al Servicio Nacional de la Discapacidad, Universidad Arturo Prat (2), Municipalidad de Iquique (2), Servicio de Salud (2) y Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Mientras que los que mantienen ocupaciones irregulares en el sector de La Virgen, pertenecen a Carabineros de Chile y la Universidad Arturo Prat.
Concejales
De este grupo, hay dos sociedades que también tienen ocupaciones, una de tipo irregular y otra de tipo ilegal que integran los concejales Felipe Arenas Lamas y Octavio López Ávalos, respectivamente.
El edil Arenas aparece como socio de Comercial y Servicios Proamar S.A.C., siendo considerada como irregular la ocupación de acuerdo al informe de Contraloría en base a un catastro de la Capitanía de Puerto de Iquique, informado a través de correo electrónico de la Gobernación Marítima de Iquique con fecha 11 de abril de 2019.
Al respecto, Arenas argumentó que "yo compré hace unos años acciones de Costa Verde, pero no construí nada. Este proyecto para cabañas perdió la concesión marítima y reitero no hice nada ni lo haré, no paso a llevar la ley. Incluso hice una mala inversión", precisa, valorando "que se fiscalice y aclare la situación".
Mientras que el concejal Octavio López figura como socio, junto al notario Carlos Vila Molina, de la sociedad Agrupación Amigos Oceánicos, ubicada en Playa Blanca, la que tiene una ocupación ilegal.
López dijo que "no soy un ilegal ni ocupa. Los ocupas están en la Intendencia y Gobernación que usan un edificio que era para estudiantes". Dijo que son 15 cabañas en Playa Blanca con una concesión marítima que caducó, donde está la sede de la Hermandad de la Costa, la que ahora están gestionando en forma individual "y mi casa me la traspasó mi hijo que es pirata como yo". El edil agregó que paga impuesto territorial desde que vive ahí, hace 5 años.
Por su parte, el notario Carlos Vila manifestó que "hubo una concesión marítima que caducó y la Armada nos informó que debíamos pagar por los terrenos. Se hizo una gestión con unos arquitectos que se hizo mal, porque se realizó en forma colectiva, pero debía ser individual". Remarcó que se está "trabajando para regularizar".
La seremi de Bienes Nacionales, Pilar Barrientos, asevera que el informe de Contraloría reveló una descoordinación de los servicios y que se va a subsanar. Aclaró que las ocupaciones de viviendas ilegales e irregulares en el borde costero en que están implicados funcionarios públicos está sobre la línea de baja marea y los 80 metros, "lo que es jurisdicción de la Gobernación Marítima de Iquique".
El gobernador maritimo Sigfrido Ramírez, dijo respecto a todas aquellas ocupaciones ilegales que han sido detectadas por parte de la Autoridad Marítima "se ha dado cumplimiento a las obligaciones ya citadas como queda de manifiesto en el mismo informe de Contraloría Nº377, relacionadas con ocupaciones que se encuentran en proceso de solicitud de otorgamiento de concesión marítima para regularizar y de las cuales se encuentra pendiente un pronunciamiento superior respecto a su tramitación, información que será suministrada a ese organismo Contralor de acuerdo a los plazos establecidos".
"No soy un ilegal ni ocupa".
Concejal de Iquique, Octavio López Avalos"
SUMARIOS
Los servicios a los que pertenecen los funcionarios adoptaron medidas, precisa el informe de Contraloría. En la Universidad Arturo Prat se realiza un sumario administrativo a uno de los funcionarios. Otros dos, ya no están ligados a la institución.La Municipalidad de Iquique debe iniciar acciones en un plazo de 30 días desde la emisión del informe. En JUNJI, se instruyó un sumario administrativo con fecha 12 de agosto de 2019; en el Servicio de Salud de Iquique, se instruyó "un proceso administrativo" el 24 de julio de 2019. Carabineros, debe iniciar un sumario al funcionario. Mientras que el trabajador de Senadis, no mantiene la ocupación ilegal.