Un joven de 19 años de edad, identificado por las iniciales F.A.A.N., ingresó a prisión preventiva tras ser formalizado por el Ministerio Público por su presunta participación en un homicidio frustrado acontecido en la comuna de Iquique.

En la audiencia de control de detención llevada a delante por el fiscal Óscar Sáez, se indicó ante el tribunal que el pasado 2 de septiembre del año 2018, F.A.A.N., atentó contra una víctima de sexo masculino quien se encontraba en compañía de una amiga en una vivienda ubicada en la población O'Higgins.

A la residencia arribó el formalizado, quien sin mediar palabra le efectuó un disparo a quemarropa en el abdomen y huyó en dirección desconocida.

Desde la fecha, el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales (OS9) mantenía antecedentes que daban cuenta de la permanencia del evadido en la Región Metropolitana, y en conocimiento del movimiento interprovincial del mismo lograron detenerlo en la comuna de Alto Hospicio, donde llegó recientemente a visitar a familiares al no saberse buscado. El sindicado tienen antecedentes por robo.

Funcionarios de Aduanas sorprendieron en el complejo fronterizo de El Loa, a un estudiante boliviano traficando cocaína bajo la modalidad de ovoides ingeridos. El joven, de iniciales L.W.P.P., evacuó tras su detención 88 ovoides que contenían un total de 890,5 gramos de la mencionada sustancia.

Ayer, en el Tribunal de Garantía de Iquique, la fiscal Kelly Pérez explicó durante la formalización del imputado, que el mismo viajaba desde Iquique a Santiago en un bus interprovincial cuando fue aprehendido.

Por considerar su libertad como un peligro para la seguridad de la sociedad, el Ministerio Público solicitó ante el tribunal la medida cautelar de prisión preventiva.

Dicho pedido fue cuestionado por el abogado defensor, Jorge Bacián, quien previamente incidentó la detención de su representado por considerar que se practicaron diligencias sin referirle a su cliente su derecho de guardar silencio. Finalmente se decretó la prisión para L.W.P.P.

Romel J. Puche

Una mujer transgénero, identificada como María del Pilar López Barrera, de 43 años de edad y exinterna de la cárcel de Alto Hospicio, demandó al estado chileno por torturas y transfobias sufridas en distintos penales del país en los cuales purgó una pena de 15 años de presidio por un delito de violación.

En la demanda, López exige una indemnización de $250 millones y señala como responsable de dichos abusos a funcionarios de Gendarmería de Chile. El abogado Juan Badani, quien la representa en dicha demanda, precisó que sufrió "malos tratos y burlas, incluso apremios ilegítimos y humillaciones".

Para el jurista, todos los ataques se vinculan a la identidad de género de su cliente. "Fue golpeada, desnudada, revisada por personal masculino e incluso impedida de acceder a medicamentos", aseveró el abogado Banadi, quien indicó que dicha iniciativa es apoyada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

De acuerdo al documento de la demanda, los abusos ocurrieron en centros de cumplimiento penitenciarios del Bío Bío, Antofagasta, La Serena y Alto Hospicio.

María del Pilar fue condenada el año 2004 por el Juzgado de Garantía de Los Andes, causa judicial que terminó de cumplir en el mes de diciembre del año 2018. Ella indicó en la demanda que los eventos "nunca fueron denunciados en sus inicios por temor a castigos".

Pese a ello y durante el cumplimiento de su condena, consiguió un recurso de amparo de la Corte de Apelaciones de Iquique, donde logró un fallo en el cual se señaló que la misma debía ser tratada por su nombre social.

En fecha 9 de diciembre de 2016, el tribunal de alzada iquiqueño accionó la protección constitucional indicando que la interna en la cárcel de Alto Hospicio había "sido víctima de actos de discriminación y malos tratos por parte de funcionarios de Gendarmería de Chile el pasado 17 de noviembre, al haber sido, en el contexto de un procedimiento de seguridad, obligada a desnudarse frente al resto de la población y revisada por personal masculino de Gendarmería, siendo objeto de burlas al estar en un proceso de cambio hormonal para adecuar su yo externo al interno; además, en el allanamiento a su dormitorio destruyeron su ropa interior".

En el fallo se ordenó tratar a la penada por su nombre social y que los controles de Gendarmería sobre la amparada debían desde ese momento practicarse por uniformadas de la institución.

Demanda

En el documento de la demanda recibida en el 12° Juzgado Civil de Santiago, se lee que "en diciembre de 2018, y en cuanto al ámbito psicológico, María del Pilar fue diagnosticada con Trastorno del Estrés Postraumático Crónico, como consecuencia de los hechos, malos tratos, golpes, apremios ilegítimos, discriminación y burlas sufridas por un agente del Estado, como lo es Gendarmería de Chile".

A propósito de todo lo señalado, la demandante aseguró a La Estrella que con la acción judicial busca hacer un "borrón y cuenta nueva". "Mis tratamientos son largos y hay que pagarlos, necesito volver a mi vida normal como cualquier persona, yo le pagué a la justicia lo que hice y ahora estoy enfrentando a la sociedad y a mi vida nueva", indicó María del Pilar, quien económicamente vive de un negocio de peluquería que ha emprendido en la ciudad de San Felipe, en la región de Valparaíso.

"En Hospicio fue donde recibí las agresiones más brutales que puede recibir un ser humano", enfatizó entre lágrimas la demandante.