Rodolfo Capino Valencia
Un total de 13 empresas han solicitado ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento su liquidación, debido a que ya no pueden hacer frente al pago de sus deudas.
La cifra cuenta los casos desde la entrada en vigencia de la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas (antigua ley de quiebras), es decir, desde el 9 de octubre de 2014 hasta el mismo mes de este año.
La nueva normativa permite renegociar deudas o liquidar bienes, con el objetivo de ofrecer una solución a diferentes tipos de deudores.
Voluntaria y forzosa
Según explicó Paulina Ávila, coordinadora regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, la mayoría de las solicitudes de liquidación en Tarapacá las han ejercido los mismos representantes de las empresas, es decir, es una Liquidación Voluntaria.
Este procedimiento se inicia con la presentación de una solicitud de liquidación voluntaria, ante un tribunal civil. Luego, mediante una resolución, se designa un liquidador quien administrará y venderá los bienes de la empresa deudora para efectuar el pago a sus acreedores, incluidos los trabajadores.
La región también ostenta casos de Liquidación Forzosa, sin embargo, se trata un número menor.
Bajo ese contexto, la liquidación es solicitada por el acreedor. "Ahí se incautan bienes y se venden para regularizar la situación de sus trabajadores", explicó Ávila.
"Un ejemplo de Liquidación Forzosa es lo que sucedió con Astilleros Marco en Iquique. Podríamos decir que es la más representativa por la cantidad de trabajadores. Hubo otros casos de menor escala y que incluso ya no tenían trabajadores", acotó la coordinadora regional de Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
En tanto, bajo la modalidad de Reorganización (procedimiento para que la empresa se reestructure mientras siga siendo viable) no se registran casos en la Región de Tarapacá.
Trabajadores
Cuando las empresas declaran su insolvencia la labor de la Seremi del Trabajo es asesorar a los trabajadores respecto de cuáles son los derechos que les corresponden, manifestó la representante de la cartera en la región, Karen Pérez.
"Para nosotros no es una buena noticia que las empresas se declaren en insolvencia porque como autoridad nos interesa que a las empresas les vaya bien, porque los empresarios pusieron capital en un principio con la fe que les generara utilidades de manera de contribuir al desarrollo de la economía", evidenció Pérez, quien agregó que los trabajadores también pierden su fuente laboral, quedando sometidos a que se les pague todo solo si existen bienes a que echar mano.
Por su parte, el presidente regional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Mauro Grimaldos, expresó que cuando una empresa se declara insolvente el más perjudicado es el trabajador. "Es una situación bastante lamentable y obedece a malas decisiones del empleador", aseveró.
El dirigente añadió que por parte de los trabajadores existe desconocimiento ante este tipo de casos, por lo que se generan reuniones con las autoridades para enfrentar la situación, tal como sucedió con el cierre de Astilleros Marco.